Un tribunal de apelaciones entrerriano le redujo dos años la pena a un cura colombiano que había sido condenado por corrupción de menores cuando estaba al frente de la parroquia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González. La condena quedó en 23 años de cárcel efectiva.
Se trata del ex cura Juan Diego Escobar Gaviria (60), quien fue condenado en 2017 a 25 años de prisión por cuatro hechos: tres por corrupción de menores y uno por abuso sexual simple agravado. Pero luego la defensa apeló la decisión y en 2020 la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia dio lugar al recurso presentado por los abogados del sacerdote.
Así fue como en ese momento el Tribunal lo absolvió por el caso de “abuso sexual”, ya que la víctima no pudo declarar en el juicio porque estaba bajo tratamiento médico cuando se llevó a cabo el debate. Y ordenó que el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay (integrado por jueces diferentes a los que participaron en la primera sentencia) fijara una nueva pena.
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Esa sentencia finalmente se conoció ayer. Los jueces Mariano Caprarulo, Fernando Martínez Uncal y María Carolina Castagno decidieron condenar al ex sacerdote a 23 años de prisión al encontrarlo autor penalmente responsable del delito de “corrupción de menores reiterada agravada por la condición de guardador” con respecto a tres víctimas, informó Ahora Entre Ríos.
La semana pasada, el fiscal del caso, Rodrigo Molina, había pedido 24 años de prisión, al igual que la querella particular y el Ministerio Público Pupilar. Mientras que los abogados defensores, Milton Urrutia y Alejandra Pérez, habían solicitado que se le fijara una pena solo a cinco años de cárcel.
Escobar Gaviria está detenido desde abril de 2017. Fueron dos monjas las que, el año anterior, denunciaron que un menor de 11 años les había contado que había sido abusado por el sacerdote. Luego se sumaron tres víctimas, de entre 11 y 12 años.
El ex cura, de nacionalidad colombiana, había llegado a la Argentina en 2005. Y desde entonces era el párroco de San Lucas Evangelista, ubicada en Lucas González, una localidad de 4.500 habitantes situada en el departamento de Nogoyá. Tras la denuncia, el acusado había desaparecido y unos días después de que comenzara a ser buscado se entregó a la Justicia. Justificó su ausencia al contar que había estado en un retiro espiritual en Rosario.
Pero no es la única condena que tiene en su contra. Hace dos años fue juzgado tras la denuncia de una nueva víctima, que había declarado como testigo en el primer juicio y había narrado los hechos que había sufrido en la parroquia y en viajes religiosos. Allí lo condenaron a 11 años de cárcel por “corrupción de menores”.
