Daniela Carbone enfrenta una situación judicial grave, acusada por la amenaza de bomba a un avión de Aerolíneas Argentinas que estaba por despegar rumbo a Miami con más de 200 personas. En principio hay tres delitos por los que se la investiga: entorpecimiento de los servicios públicos, intimidación pública y coacción, que la posicionan "en una situación bastante delicada".
Así lo expresó el abogado penalista Juan Pablo Fioribello, uno de los más prestigiosos del país, que en declaraciones a PERFIL señaló un hecho que podría perjudicar todavía más a la azafata. "La Justicia encontró que existe una actitud de su parte de entorpecer la investigación por tratar de eliminar todo tipo de rastros que puedan conducir a esclarecer el hecho", manifestó.
"En los teléfonos de la imputada surgen indicaciones de ella a su hija sobre cómo borrar mensajes y tutoriales que había buscado para eliminar pruebas. De ahí que el Juzgado le deniega la excarcelación", dijo el letrado.
De todos modos, Fioribello sostuvo que a pesar de que los mínimos de pena que les imputan en los delitos mencionados contemplan la excarcelación, "hay elementos de sobra para que se la denieguen".
El letrado manifestó además que "estos delitos solo prevén la forma dolosa, porque la persona que los realiza sabe perfectamente lo que busca, más aún esta mujer que trabaja hace tanto tiempo y conoce al detalle lo que hizo".
"Hay dolo directo"
En esa línea, el abogado dijo que "no se trató de un error o una equivocación, son actos con dolo directo, con intención manifiesta de producir el amedrentamiento, impedir que el vuelo salga y todas las consecuencias que produjo".
Ante la consulta de si la defensa podría pedirle al juez la realización de una pericia psicológica con el objetivo de alivianar su situación en caso de que surja algún elemento que así lo indique, Fioribello dijo que "lo podrían plantear".
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No obstante, añadió: "No surge hasta el momento que la persona no maneje la voluntad de sus acciones. Estaba consciente, sabía lo que buscaba. Por eso creo que la imputabilidad no está en el radar, estaba lúcida, quiso hacer esto y lo hizo".
Para el abogado, que fue director general del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, hechos como las amenazas de bomba y en una aeronave a punto de despegar son sumamente delicados, en un país en el que hubo dos atentados terroristas. "Son delitos de alto riesgo porque conllevan un enorme pánico en quienes sufren las consecuencias directas", advirtió.
El delito de entorpecimiento de los servicios públicos forma parte del Código Penal y está previsto para los casos que haya habido "trastorno o impedimento del normal funcionamiento de esos servicios en forma efectiva", como ocurrió con el vuelo frenado, y contempla una pena de prisión de tres meses a dos años.
En el caso de intimidación pública, el delito por el cual se la persigue por la amenaza de bomba, la pena es de prisión de dos a seis años. Y, por último, la coacción agravada, por la amenaza al comandante o "capitancito", la pena prevé prisión o reclusión de tres a seis años.
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Más allá de eso, Fioribello puso foco en las consecuencias que sufre el Estado. "Hay un dispendio absolutamente innecesario de recursos logísticos, operativos, humanos, con personal de la PSA, personal judicial, de Bomberos y explosivos.
La compañía también tiene cuantiosas pérdidas económicas por el retraso del vuelo, el uso de scanners y un montón de operativos que hay que hacer para descartar que la amenaza sea una amenaza y no un atentado real. Eso no se puede dejar librado al azar", cerró.
ASV/ff
