El pasado 17 de octubre, quedaron detenidos los dos últimos miembros de la familia Martínez Grajales, que viven en Argentina. Se trata de Mariela Grajales Gómez y su último hijo varón que quedaba en libertad: Reymond Antony Grajales. Sus hermanos, John Eduard y Fabián Andrés, fueron arrestados hace un año.
La familia Grajales está sospechada de participar en una organización dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos que operaba en Nordelta. En la misma causa, están procesados Jesús Antonio Yepes Gaviria y su mujer, Claudia Celis.
En la indagatoria, “Doña Mariela” contó que, luego de la muerte de su esposo, en 2002, “nos mudamos a la Argentina buscando tranquilidad y paz, ya que en Colombia había sido secuestrado mi hijo y temíamos por nuestra seguridad”. “No somos delincuentes sino personas de bien”, aseguró la mujer, que pidió no ir presa –actualmente está en el penal de Ezeiza– “porque tengo tiroides y soy la única que se ocupa de visitar a mis hijos y llevarles comida”.
“El nivel de vida que llevaban está justificado. Recibieron una herencia del esposo fallecido de Mariela y en Colombia tienen una empresa inmobiliaria y varias propiedades. Viven de rentas. Ellos traen el dinero desde Colombia para acá y lo hacen limpiamente mediante transferencias bancarias. Sólo Mariela realizó en un año operaciones por 1.400.000 pesos. Además, traían dinero cada vez que viajan a Colombia. Por viaje se puede ingresar 10 mil dólares por persona”, explica Jacqueline Arias Malatesta, abogada de la familia colombiana procesada por narcolavado.
“De las sociedades que tienen acá están registradas a su nombre, realizaron declaraciones juradas y de ganancias. La casa del country Santa Catalina donde vivían todos es alquilada y tienen dos autos. ¿Dónde está el lavado?”, se pregunta la abogada. “Esta causa tiene evidentes inconsistencias”, asegura.
“Pese a que está demostrado con la documentación que se presentó en el expediente, la Justicia y la UIF aún no entienden cómo mis clientes mantenían ese nivel de vida y ellos no se explican por qué están presos”, indica Arias Malatesta. “Tampoco se entiende por qué, sin ninguna prueba nueva, detienen a Mariela y a Antony. Creen que hay peligro de fuga, Mariela tiene a todos los hijos presos, ¿a dónde se va a ir? Hablan también de “entorpecimiento de la investigación, si no hay nada más que investigar. La detención es excesiva”, considera la letrada.
“Queremos ir a juicio –continúa– porque el juez Alberto Santamarina hace caso omiso a todo lo que le presentamos. Lo único que nos queda es plantear todo a un tribunal que nos escuche. Ninguno de los procesados pudo ejercer su derecho a defensa. Toda la causa está sustentada en escuchas que no son reales, son todas recortadas y acomodadas para poder meter presas a estas personas”.
