POLICIA
drogas, amenazas y homicidios

Piden reabrir una causa contra un exfiscal que fue acusado de cobrarles un canon a los narcos

Un prestamista y confeso vendedor de drogas de La Matanza denunció una supuesta persecución del exfiscal general Marcos Borghi, quien días después renunció a su cargo. Aportó nombres y detalles de las extorsiones que presuntamente sufrió durante casi veinte años, pero hace pocos días el fiscal Claudio Fornaro resolvió archivar la causa “porque no se encontraron elementos objetivos que den respaldo a los hechos denunciados”. Sin embargo, la defensa recurrió la resolución ante la Fiscalía General Departamental porque cree que protegen al exfiscal acusado.

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En la mira. Marcos Borghi trabajó en el Departamento Judicial de La Matanza durante cerca de treinta años, pero en agosto de 2022 presentó su renuncia al cargo. | cedoc

La causa que se inició contra un exfiscal general acusado de cobrar un canon a grupos narcos de La Matanza fue archivada por “falta de pruebas”, pero el abogado del principal denunciante recurrió la decisión porque sostiene que la Justicia protegió al funcionario.

Marcos Borghi renunció a su cargo en agosto del año pasado, dos días después de la explosiva denuncia que realizó el prestamista y confeso vendedor de drogas Gabriel Herrera (45), sobre una supuesta persecución del fiscal hacia su persona.

Herrera, alias Fehio, denunció que el supuesto asedio contra su persona comenzó hace once años. “Esto arrancó en el año 2002, con el crimen de Fernando Ledesma”, indicó en su presentación, en la que además aportó nombres y cargos de los policías que supuestamente recaudaban para el fiscal investigado. Ledesma fue asesinado por Maximiliano Lezcano, tío de Herrera. Según el denunciante, “la mujer de la víctima “fue inducida por cuatro policías” para que dijera que él también había participado del homicidio.

“Me pegaron dos días y dos noches en la comisaría de San Justo sin llevarme a la fiscalía. Después me dijeron que si no entregaba a mi tío me iba a comer el muerto”, recordó en su declaración. 

Por esa causa, Herrera pasó tres años y cuatro meses en prisión. En el juicio, la mujer de Ledesma reiteró que Herrera había estado en el lugar del crimen. Sin embargo, cuando el presidente del tribunal le advirtió que el acusado podría pasar muchos años en la cárcel por un falso testimonio, cambió su versión. 

Fehio fue sobreseído. En octubre de 2005 recuperó su libertad. En 2008, según cuenta, contactó a unas personas que había conocido en la cárcel para entrar en el negocio de la venta de drogas. “Al poco tiempo empiezo a recibir intimidaciones de policías, los cuales me decían que había un fiscal que estaba arreglado con gente de mi barrio, La Palito. Yo sabía que estaba arreglado con Mirta Benítez (N. de R: una mujer acusada de narco), porque era amigo íntimo de su yerno. Me dijeron que, como todos dejaban su cuota, yo también la tenía que dejar”, precisó. 

“Pero yo no accedí”, aclaró, y a partir de ello –asegur– comenzó a ser perseguido. En febrero de 2010 Herrera dice que abandonó el negocio de la droga porque había conseguido comprarse una casa. “En junio de ese año, el fiscal Borghi ordena allanar mi casa. Era el mismo fiscal que pretendía que yo le diera un canon como se los daban los demás en La Palito”, indicó. 

Herrera no estaba en su casa cuando llegó la policía, pero sí se encontraba su pareja, que estaba embarazada, una prima y su hija. “A mi pareja se la llevaron detenida”, recordó. “Le pusieron papeles de todos colores, una balancita, elementos de corte. Dijeron que venían con la orden de Fehio, que era mi apodo”.

“Le pegaron tanto a mi mujer que por los golpes y patadas que recibió perdió el bebé”. A los pocos días, Herrera volvió a ser detenido. Pasó un año y tres meses en Devoto por tenencia simple de estupefacientes.         

En noviembre de 2013, Herrera volvió a vender drogas. “Cinco meses después la policía empieza a pararme otra vez. Me decían que el mismo fiscal que me partió en el año 2010 me iba a volver a partir, y que esta vez no iba a salir más”, puntualizó. En julio de 2014 Cristian Herrera, hermano del denunciante, quedó detenido por homicidio y la Justicia volvió acusar a Fehio por su presunta participación. “En ese momento me di cuenta de la gravedad, de que podía volver a pasar por lo mismo que la otra vez. Por eso dejé la venta de drogas otra vez”, reconoció.  

El 22 de diciembre de 2016 lo vuelven a detener por orden del fiscal Borghi en la avenida Boulogne y Vélez Sarsfield, en la localidad de Villa Madero, porque había escapado de un allanamiento. “Me fui en libertad al año, nueve meses y quince días”, recuerda con precisión. 

Salió en libertad el 11 de octubre de 2016, pero catorce días después allanaron la casa de su concubina, nuevamente por pedido del fiscal Borghi. Herrera se había mudado a una casa de la calle Gorriti, en un terreno donde hay dos viviendas.  

“La policía rompe, entra el fiscal Borghi y le dice a mi cuñado: ‘¿Dónde está Fehio? La sacó rebarata en la causa anterior y ahora se me escapó de nuevo’”, señaló. 

Herrera está detenido desde el 9 de junio de 2022, acusado por homicidio. “Todo esto se trata de una persecución del fiscal hacia mi persona. Ahora me encuentro detenido involucrado en un homicidio del cual no participé. Siento que ya es una cuestión personal porque nunca le pagué el canon en la venta de drogas. Lo que yo hago lo hago para mí, en riesgo para mí, para que el día de mañana cada uno tenga su casa”, acusó. 

Causa archivada. A pesar de los datos aportados por Herrera, el 30 de marzo pasado el fiscal Claudio Fornaro resolvió archivar la causa porque supuestamente “no se incorporaron elementos objetivos que den respaldo a los hechos denunciados”. Para la fiscalía, de los numerosos eventos puestos en conocimiento, en ninguno de ellos el denunciante pudo dar razón de sus dichos, aspecto fundamental, para que su declaración tenga propiedad y significación probatoria. 

“No aporta testigos de los hechos narrados que puedan dar fuerza probatoria a sus palabras, y así robustecer una posible base fáctica que sirva de base para una potencial acusación formal”, señaló el fiscal.

Sin embargo, Juan Manuel Casolati, abogado del denunciante, asegura que no hubo voluntad de investigar y por esa razón solicitó ante la Fiscalía General de La Matanza la revisión del archivo de la causa.  

“La fiscalía de instancia no ha efectuado una sola labor investigativa, tendiente cuanto menos a verificar y/o tratar de acreditar la existencia de algunos de los delitos (sumamente graves) denunciados”, planteó el abogado en el escrito. “Tampoco se efectuaron indagaciones sobre posibles comunicaciones entre los mencionados de los eventos que conforman la plataforma de las denuncias, o en su caso se produjeron pruebas para determinar comunicaciones, números de los imputados, apertura de antenas, etc.”, amplió. 

Casolati señaló que “desde julio del año 2022, no se avizora una sola medida de instrucción o producción de pruebas tendientes a acreditar la existencia de los hechos denunciados”. “Los hechos denunciados son sumamente graves. Y no tuvieron el interés de ser investigados por el fiscal. Su falta de decisión es tan grave como lo que se denunció”, aseguró a PERFIL el defensor del denunciante.  

“La matriz de complicidades es tan compleja que a veces meras decisiones como archivar una denuncia con ‘ropaje de imposibilidad de investigar’ termina garantizando la impunidad de funcionarios judiciales y miembros de las fuerzas de seguridad”, agregó. 

Sin embargo, el letrado confía en que la fiscal general de La Matanza “va a ordenar que prosiga la investigación”. “Y nosotros pediremos el apartamiento del fiscal por falta de independencia”, anunció.

 

Del otro lado del mostrador

La Justicia no está limpia. La lista de jueces, fiscales y hasta camaristas que fueron procesados y hasta condenados por delitos graves es larga y parece no tener fin. 

Sin ir más lejos, esta semana el fiscal federal Claudio Scapolan, acusado de encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaba a narcos  en San Isido fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios. 

Además, el exjuez de garantías platense, César Melazo, condenado a siete años y medio de prisión como “coautor” de una asociación ilícita compuesta por policías bonaerenses, barrabravas y funcionaros judiciales, recibió el beneficio de la libertad asistida. En esta misma causa permanece detenido, desde septiembre del año pasado, el exjuez de casación bonaerense Martín Ordoqui. 

Distinta suerte tuvo esta semana el ex juez federal de Orán Raúl Reynoso, a quien le confirmaron la condena a 13 años de prisión por pedidos de dinero a cambio de favorecer la situación de detenido entre 2010 y 2015.