La oposición uruguaya denunció hoy que hubo "fallas evidentes" en los controles sobre las actividades que desarrollaba en el país el sindicalista y empresario argentino Marcelo Balcedo, preso desde el 4 de enero por lavado de activos. Una comisión de la Cámara de Diputados de Uruguay recibió este miércoles al ministro interino de Economía, Pablo Ferreri; el subsecretario de Defensa, Daniel Montiel; el director de Rentas, Joaquín Serra; el secretario nacional Antilavado, Daniel Espinosa; y autoridades del Banco Central y de la Dirección de Migraciones.
Espinosa admitió que en agosto de 2015 el Gobierno uruguayo recibió un pedido de la Procuraduría argentina sobre los bienes de Balcedo en el país, pero no se encontraron razones para abrir una investigación. El diputado Gustavo Penadés, del conservador y opositor Partido Nacional (PN), se quejó de que no se compartió información entre oficinas del mismo Ministerio de Economía, que hubiera permitido un seguimiento más cercano de las presuntas irregularidades.
Penadés dijo que de la reunión de hoy quedó en claro que las autoridades del Gobierno tenían información sobre el manejo financiero y la posible vinculación de Balcedo con irregularidades en el manejo de fondos y también en el tema narcotráfico. "En lo que tiene que ver con el dinero (incautado a Balcedo, unos siete millones de dólares) que se encontró en los cofres fort, no hubo respuesta", dijo a su vez el diputado Conrado Rodríguez, del Partido Colorado. "Obviamente que los controles fallaron. Eso es algo notorio. También fallaron a la hora de controlar el armamento, cómo ingresó ese armamento al Uruguay, cómo ingresaron los vehículos de alta gama", agregó Rodríguez.
Desde el 4 de enero, Balcedo y su esposa cumplen prisión preventiva en cárceles de Uruguay tras allanarse su vivienda, en las cercanías de la ciudad balnearia de Punta del Este, donde se incautó dinero en efectivo, armas, autos lujosos y hasta animales exóticos. El 7 de marzo la Justicia uruguaya aceptó el pedido de extradición del matrimonio argentino, aunque antes deberá cumplir con el proceso que se le abrió en el país por lavado de activos, contrabando y tráfico interno de armas.
