Entre ellos se encuentra el principal acusado, el
subcomisario Héctor Becerra. Es por la supuesta
responsabilidad en el asesinato de Jonathan Oros, baleado
en una dependencia policial mendocina el 7 de enero.
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Cedoc
El Ministerio de Seguridad mendocino separó de sus funciones al subcomisario a cargo de la seccional donde a principios de este mes un joven de 18 años resultó herido de tres balazos, lo que le provocó la muerte dos días después, y a otros cuatro efectivos de esa delegación.
La medida fue anunciada en las últimas horas por el ministro Miguel Bondino y se concretó a pedido de la Inspección General de Seguridad (IGS), organismo que lleva adelante la investigación administrativa del caso.
Bondino informó que los policías separados de sus funciones prestaban servicios en la comisaría 33 del barrio San Martín, en la ciudad de Mendoza, y pasaron a disponibilidad por su presunta responsabilidad en la muerte de Jonathan Oros, de 18 años, baleado en esa dependencia el 7 de enero pasado.
Comisaría descabezada. "Como ya sostuvimos, ante la mínima irregularidad y con las pruebas en la mano, tomaríamos las decisiones que debíamos tomar, que es dejar en disponibilidad a los policías y descabezar la comisaría 33", dijo el funcionario provincial.
Los policías que pasaron a disponibilidad son el oficial de guardia Manuel Quiroga, la auxiliar Mónica Arias, los agentes Claudia Vaca y Ricardo Moyano, y el subcomisario Héctor Becerra, quien estaba a cargo de la comisaría 33.
Si bien Becerra no habría estado presente en la seccional al momento del hecho, habría participado del encubrimiento, dijeron fuentes de la investigación.
Los voceros indicaron que a raíz de esta medida, los cinco policías dejan de trabajar temporalmente, auque cobrarán su sueldo hasta que la IGS o la Justicia tomen una resolución definitiva.
En un comunicado de prensa la IGS señaló que "han surgido elementos que nos permiten suponer que los hechos denunciados por personal policial no se corresponderían con diferentes la prueba que se ha incorporado a esta causa".
El 7 de enero, Jonathan Oros llegó a la guardia del hospital Luis Lagomaggiore gravemente herido de un balazo en un pie, otro en una pierna y el tercero en la boca del estómago y dos días después murió.
Según informó la Policía en un primer momento, Oros fue baleado en la comisaría 33 cuando el muchacho ingresó a la seccional por el portón y comenzó a disparar contra los uniformados a quien les gritaba que los iba a matar a todos.
Los policías repelieron la agresión con sus armas y Oros resultó herido de tres balazos.
El 18 de enero pasado, una testigo de identidad reservada declaró ante el fiscal que investiga el caso, Daniel Carniello, que Oros fue ingresado a la comisaría 33 y que no estaba armado.
Para el abogado de la familia de Oros, Alfredo Guevara (h.), el hecho " se trata de un presunto caso de gatillo fácil porque el joven resultó muerto y ningún policía herido".
Repercusión nacional. La muerte de Oros tomó repercusión local que llevó a que el secretario de la Comisión Antiimpunidad nacional, Luis Bordón, padre del estudiante Sebastián Bordón, asesinado por policías en 1997, en San Rafael, viajara a Mendoza y ofreciera su apoyo a los padres de Oros.
Además, también estuvieron en la ciudad representantes de la Coordinadora contra la Represión Policial (Correpi) quienes denunciaron que "se investigan 17 hechos producidos desde mediados de diciembre a la fecha por presuntos casos de gatillo fácil en la vía pública o cárceles de distintas provincias".
