El 3 de abril de 2002 desapareció María de los Angeles “Marita” Verón. El 26 de febrero de 2006 le ocurrió lo propio a Paulina Lebbos. Ambas tenían 23 años cuando fueron borradas de la corteza terrestre. Dos niñas quedaron huérfanas: Micaela Verón y Victoria Lebbos. Los homicidas dejaron los restos mutilados de la mamá de la segunda en el piedemonte tucumano. El destino de “Marita” Verón sigue siendo un arcano. Pese al tiempo transcurrido, los dos casos continúan impunes. Mientras tanto, surgen más puntos de contacto entre ellos, como la intervención de Héctor Brito, el ex comisario detenido por el fiscal Diego López Avila el 28 de noviembre pasado.
Ese policía era jefe de la Brigada General de Investigaciones cuando sucedió lo de “Marita”. Brito manejó el caso en horas decisivas para su esclarecimiento. Horacio Verón, hermano de la joven, declaró en el juicio de 2012 que este agente había pedido $ 1.500 a su padre, el fallecido Daniel Verón, para “empezar a moverse” y que, por eso, su familia le exigió que se apartase de la pesquisa. A su turno, Brito aseguró al tribunal que trabajó con rapidez durante los cuatro días que estuvo a cargo del asunto; que discutió con el papá de “Marita” porque este pretendía conducir las tareas investigativas y que en aquel momento no había indicios suficientes para sospechar un secuestro. Carlos Varela Alvarez, abogado de Trimarco, alegó que el ex comisario no hizo lo que debía y que fue funcional a la supuesta red de trata en la que habría caído la mamá de Micaela Verón.
La carrera policial de Brito siguió adelante. En 2006, éste se desempeñaba como jefe de la Unidad Regional Norte cuando apareció el cuerpo de Lebbos. Ese hallazgo dio pie a una serie de manipulaciones e irregularidades dirigidas a contaminar las pruebas, según el padre de la víctima. Como consecuencia de actos vinculados con ese operativo, el miércoles 4 de diciembre pasado comenzó el juicio que involucra a Enrique García, Roberto Lencina y Manuel Yapura, tres ex policías de la comisaría de Raco acusados de adulterar la declaración y firma de un testigo. Tanto García como Yapura declararon que Brito confeccionó las actas con falsedades y que les ordenó que las rubricaran. Dos meses después del episodio del cadáver de Lebbos, Hugo Sánchez, ex jefe de la Policía, pasó a disponibilidad a Brito.
Alberto Lebbos sostiene que la Policía recibió la orden de encubrir a los responsables del crimen. Susana Trimarco también considera que su hija fue víctima de un clan, la familia Ale, que gozaba de protección política y policial.
López Ávila, fiscal de la causa Lebbos desde junio, optó por prescindir de los servicios de la fuerza provincial. Con su dirección, en un mes la pesquisa dio pasos que parecían impensables durante los siete años de instrucción del fiscal Carlos Albaca: la detención de Maximiliano Gallardo y Luis Gómez, que habrían colocado sus respectivas tarjetas SIM en el teléfono de Paulina; y de Brito y Nicolás Barrera, subjefe de la Policía hasta mayo de 2011 y miembro del staff del Poder Ejecutivo. Si el fiscal avanza en la indagación de la cadena de mando en funciones en 2006, se topará inevitablemente con las ex cabezas del Ministerio de Seguridad Ciudadana que respaldaron a la estructura policial que actuó -o no actuó- en el caso Verón.
