Encuentran a un ex funcionario escondiendo bolsos con millones de dólares, armas y otros bienes. ¿Qué puede hacer la Justicia con ese dinero? ¿Va a quedar secuestrado en algún depósito durante los años que dure la investigación? ¿Existe alguna opción más útil? Ésta es la discusión sobre el recupero de activos: cómo el Estado persigue esos bienes ilícitos y qué destino debe darles.
Desde el CIPCE (Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica), hace años que insistimos con la importancia de ir tras el dinero en los casos de corrupción y delincuencia empresarial. En 2003 presentamos un proyecto de ley a la Oficina Anticorrupción. La OA optó por realizar una consultoría y nada más. Un adelanto de lo que sería el mal desempeño de ese organismo durante los años por venir, sin acciones significativas.
El caso de enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray representó un punto fundamental en esta discusión. Allí planteamos que el dinero recuperado fuera destinado al Hospital Garrahan. Asignar a los bienes un fin social permite reparar el daño causado a la sociedad. Sin embargo, la Corte Suprema decidió que el Poder Judicial se quedara con ese dinero. El desempeño de los jueces ha sido pésimo a la hora de desarrollar políticas de recupero de activos. La misma Corte Suprema que habla de transparencia y gobierno abierto es la que permite que estas causas prescriban constantemente, que el dinero no vuelva a la sociedad y que lo poco que se recupera sea manejado de manera oscura y para beneficio exclusivo del Poder Judicial.
Tampoco el Congreso de la Nación ha mostrado intenciones significativas de avanzar en este punto. Los numerosos proyectos usualmente solo han registrado movimientos cuando eso responde al interés coyuntural de algún partido político. Nos quedamos, entonces, con leyes que obligan a esperar a la condena para recuperar el dinero –salvo excepciones contadas–, por más que pueda demostrarse rápidamente su origen ilícito.
Seamos claros: estos millones deberían estar usándose en un mes para construir escuelas, por ejemplo. Esto no es una exageración ni es imposible. Es un problema de voluntad política de los distintos Poderes y organismos públicos. Es urgente que el Estado construya una política integral para recuperar el dinero de la corrupción y la delincuencia económica. Solo así se va a poder reparar el daño generado a la sociedad, cortar los circuitos de criminalidad e incidir sobre los mercados ilícitos que se han gestado.
(*) Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).
