A casi 65 años de su fracaso y muerte, el fascismo vive su hora más gloriosa en la Argentina de la mano de la administración Kirchner. Pocas veces como en esta década, las libertades individuales se encontraron sometidas a la voluntad del poder omnímodo del Estado y fuertemente condicionadas. Los derechos corporativos han reemplazado a los derechos individuales y hoy las corporaciones se arrogan más privilegios que los ciudadanos libres bajo el padrinazgo gubernativo.
El estado de emergencia -un terreno fértil para los excesos de poder-, pretende ser prorrogado por dos años más, lo que vuelve al país en una imprevisibilidad constante. Pero hay más. La corporación política avanza hacia la afectación de más derechos. El proyecto para ponerle freno a los recursos de amparo es el mayor avance para arrinconar a la población y dejarla indefensa.
Esta iniciativa conlleva no sólo una gravedad institucional sin precedentes sino también es un obstáculo para el desarrollo económico. Si a esto se le suman las facultades delegadas y los superpoderes, el avance estatal no parece tener límites ni controles.
El silencio oficial respecto de los manejos de fondos públicos por parte de grupos y corporaciones adictas al gobierno raya la complicidad. Las intimidaciones a los grupos opositores se multiplican y el envío de fuerzas de choque conforman un paisaje similar a la Europa de los años '30.
El triste episodio en la planta de Kraft, los bloqueos a plantas de distribución de diarios, el caso de los subterráneos y los polémicos piqueteros muestran como actúan estas fuerzas desplegadas por el oficialismo. La demora del gobierno en el reconocimiento de nuevas asociaciones de trabajadores constituye una clara violación de normas y tratados internacionales. El unicato sindical consagrado en la ley de Asociaciones Profesionales es una rémora del modelo corporativista.
Mientras tanto, los indicadores económicos continúan mostrando signos negativos tanto en la actividad económica como en el empleo, al tiempo que la inflación se encarga de liquidar los bolsillos de la población. La inflación, el impuesto a los pobres, obliga al gobierno a quemar nuevamente el ahorro de toda la sociedad para poder mantener a los grupos más vulnerables, con un misérrimo sustento.
La inflación es ni más ni menos que el rotundo fracaso del modelo instaurado en 2002/2003, una réplica de los años '50 y '70.
Nuevamente los fondos de los trabajadores y de los jubilados se constituyen en el botín más apetecido por el gobierno para paliar esas necesidades y para financiar el déficit fiscal. Paralelamente, aumentan la carga a los monotributistas para llevar más recursos al sistema de seguridad social, haciendo más ostensible la presión tributaria sobre pequeños cuentapropistas.
La producción y la venta de autos, uno de los sectores más dinámicos de la actividad industrial, cayó en lo que va de 2009 más del 23 por ciento, respecto de igual lapso de 2008 La producción agropecuaria observa una marcada retracción tanto en la siembra como en el stock ganadero y el cierre de tambos.
La caída en las ventas en el sector comercial afecta a 3/5 de los establecimientos del país. Las economías del interior languidecen y esto golpea fuertemente a las tesorerías de las provincias, generando saldos en rojo. De allí que la corporación política habilitó nuevamente la ventanilla del endeudamiento para que las provincias financien el déficit y eviten la reemisión de las cuasimonedas o "patacones", "qubracho" o cualquier otra denominación folklórica.
Con este contexto, las perspectivas para 2010 se presentan con una gran incertidumbre. ¿Quién va a invertir con capacidad ociosa? Si no hay inversiones, ¿cómo se va a aumentar la oferta global para poder combatir la inflación? ¿O es que se van a intensificar los controles de precios policíacos y las amenazas a través de la Secretaría de Comercio? El gobierno lanzó su "blitzkrieg". ¿Dónde termina?
(*) Agencia DYN
