El escándalo por supuestas coimas que salpica al juez federal Norberto Oyarbide sigue creciendo. A la investigación judicial por el supuesto pedido de soborno de policías en nombre del magistrado y su mano derecha, se suma ahora un sumario interno en la Justicia, del que dependerá la continuidad del juez en su cargo. La Cámara Federal porteña, integrada por los superiores inmediatos de Oyarbide, inició un sumario para determinar si hay “responsabilidad de funcionarios judiciales” en la denuncia por presunto pedido de coimas, confirmaron a PERFIL fuentes judiciales.
El sumario se nutrirá de lo que suceda en la causa que instruye el juez federal Luis Rodríguez, quien debe investigar el supuesto caso de intento de soborno, y de un análisis de cómo Oyarbide y su secretario y mano derecha, Carlos Leiva, llevaron adelante la investigación por supuesto lavado de dinero que derivó en el escándalo.
El sumario interno es central para Oyarbide. En la Cámara Federal confirmaron a este diario que si se detectan irregularidades en el accionar del magistrado, el sumario debe ser remitido al Consejo de la Magistratura, el órgano que elige y controla a los jueces. Ese organismo podría enviar al juez a un juicio político o sancionarlo.
El juez y su secretario por ahora no están formalmente imputados, sí los policías, cuya identidad y fotografías reveló PERFIL el domingo. Sin embargo, ambos funcionarios judiciales serán investigados en la causa, informaron fuentes del expediente.
En los tribunales de Retiro confirmaron que Oyarbide apartó a Leiva de la secretaría y nombró a Martín Ramos a cargo de la misma. Ramos es hermano de otro juez federal: Sebastián Ramos.
La causa. El juzgado de Rodríguez viene ordenando medidas. En los últimos días solicitó la lista de todas las causas en las que haya intervenido el juzgado en equipo con los mismos policías denunciados, miembros de una brigada especial de la Policía Federal que trabaja asiduamente con el juez. También pidió a Asuntos Internos de la fuerza policial la lista del personal de esa brigada, encabezada por el subcomisario Fabio Ascona e integrada al menos por Angel Castro, según los denunciantes. El juez también quiere las entradas y salidas telefónicas de los miembros de la brigada y el libro donde se registran los operativos que realiza por orden judicial.
Oyarbide fue quien tomó cartas en el asunto desde el principio y buscó despegarse del escándalo en cuestión de horas. El allanamiento fue el jueves 19 de diciembre. Esa misma tarde, los allanados, un financista y su abogado, recibieron un llamado del magistrado invitándolos a visitarlo en su despacho al día siguiente. El escándalo durante el procedimiento había sido tal, que el juzgado tuvo que suspenderlo y retirar a los policías de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (Difoc) mientras el dueño de la financiera allanada estaba a los gritos.
Ese viernes cuando llegaron, el juez pidió al empresario y su letrado que declararan lo sucedido. El juez llamó a un secretario para que tipeara los testimonios de los dos denunciantes que sostuvieron que policías de la Difoc de la Policía Federal -de extrema confianza con el juez- pidieron 2,5 millones de pesos para frenar una investigación del juzgado. Dijeron que lo hicieron en nombre de “Su Señoría” y Leiva.
Leiva era su hombre de confianza desde 1994 y responsable de sus principales causas: mafia de los medicamentos, pasaportes falsos de jugadores, Schoklender y los pases triangulados de jugadores d a través de la financiera Alhec
