El jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Fernando Díaz, fue llamado a indagatoria por un juez federal de Salta, acusado de administración fraudulenta, en su paso como director jurídico del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Díaz, junto a otros 37 funcionarios, deberán declarar en una causa en la que se investiga el deficiente servicio alimentario que se le brindaba a los presos del Complejo Federal del NOA, que era prestado por una empresa contratada de manera directa bajo el sistema de “legítimo abono”.
La causa la inició la Procuradoría de Violencia Institucional, que depende de Alejandra Gils Carbó, y la tomó el juez federal Miguel Antonio Medina. Díaz tendrá que ir a declarar el 22 de noviembre. Se sospecha que bajo la modalidad de legítimo abono se pagaron más de 1,5 millones de pesos en sobreprecios por el servicio de catering en el año 2015.
La Comisión Provincial por la Memoria pidió que el funcionario sea removido, y aseguró que en penales de la provincia de Buenos Aires se utiliza el mismo sistema de contratación. El legítimo abono está previsto en la ley y se usa cuando las licitaciones se traban por cuestiones burocráticas y hay que resolver algo de manera urgente, en este caso, la comida para los presos. Se selecciona, en general, a la empresa que venía prestando el servicio.
Cerca del funcionario bonaerense dijeron que la causa no va a complicarlo, porque él lo que hizo fue firmar los expedientes después de muchas otras revisiones, y que el sistema era legítimo. “De hecho, el legítimo abono se sigue usando en el Servicio Penitenciario Federal y paga precios viejos, así que es imposible que se hayan pagado sobreprecios”, dijeron.
Aclararon que, si se usa en la Provincia, no es responsabilidad de él: la contratación del catering para las cárceles está bajo la órbita del subsecretario de Justicia, precisaron. “Va a ir y van a dictar la falta de mérito”, explicaron.
Para la Comisión por la Memoria, el funcionario debe ser desplazado.
En un comunicado, advirtieron que “sólo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”.
La Comisión, que es un organismo autárquico que controla lo que pasa en las cárceles, no es la primera vez que pide la remoción del funcionario. Lo acusa de malversar caudales y de administrar de manera deficiente un sistema “perverso”.
Díaz, junto a otros 37 funcionarios, deberán declarar en una causa en la que se investiga el deficiente servicio alimentario que se le brindaba a los presos del Complejo Federal del NOA, que era prestado por una empresa contratada de manera directa bajo el sistema de “legítimo abono”.
La causa la inició la Procuradoría de Violencia Institucional, que depende de Alejandra Gils Carbó, y la tomó el juez federal Miguel Antonio Medina. Díaz tendrá que ir a declarar el 22 de noviembre. Se sospecha que bajo la modalidad de legítimo abono se pagaron más de 1,5 millones de pesos en sobreprecios por el servicio de catering en el año 2015.
La Comisión Provincial por la Memoria pidió que el funcionario sea removido, y aseguró que en penales de la provincia de Buenos Aires se utiliza el mismo sistema de contratación. El legítimo abono está previsto en la ley y se usa cuando las licitaciones se traban por cuestiones burocráticas y hay que resolver algo de manera urgente, en este caso, la comida para los presos. Se selecciona, en general, a la empresa que venía prestando el servicio.
Cerca del funcionario bonaerense dijeron que la causa no va a complicarlo, porque él lo que hizo fue firmar los expedientes después de muchas otras revisiones, y que el sistema era legítimo. “De hecho, el legítimo abono se sigue usando en el Servicio Penitenciario Federal y paga precios viejos, así que es imposible que se hayan pagado sobreprecios”, dijeron.
Aclararon que, si se usa en la Provincia, no es responsabilidad de él: la contratación del catering para las cárceles está bajo la órbita del subsecretario de Justicia, precisaron. “Va a ir y van a dictar la falta de mérito”, explicaron.
Para la Comisión por la Memoria, el funcionario debe ser desplazado.
En un comunicado, advirtieron que “sólo con decisiones políticas contundentes que penalicen y limiten la acción fraudulenta de los funcionarios responsables de administrar las instituciones de encierro en nuestro país se podrá a transformar este efectivo sistema de la crueldad que vulnera sistemáticamente los derechos humanos”.
La Comisión, que es un organismo autárquico que controla lo que pasa en las cárceles, no es la primera vez que pide la remoción del funcionario. Lo acusa de malversar caudales y de administrar de manera deficiente un sistema “perverso”.
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