Un nuevo escándalo involucra en Tucumán a hijos del poder, en un caso que esta semana llegó a ser denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se reunió en Buenos Aires. Se trata de la historia de una mujer que, luego del fallecimiento de su pareja, en 2009, fue denunciada penalmente, luego fue presa, y para recuperar su libertad tuvo que ceder sus derechos sobre un patrimonio que se calculaba en más de US$ 5 millones. Los abogados que la acusaron fueron los hijos del actual titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez, el jefe de los fiscales tucumanos.
El caso forma parte también de una auditoría que mandó a hacer la Corte Suprema de Tucumán, donde pone el foco sobre cuatro casos con características similares (“Valdez”, “Rigourd” y “Jorrat”): causas civiles en las que había bienes involucrados, derivaban en causas penales y terminaban con presiones para que sus dueños cedan sus propiedades. En todas, estaba involucrado el fiscal Guillermo Herrera, quien se jubiló cuando comenzó a descubrirse el escándalo. Herrera, además, es amigo de “Pirincho” Jiménez.El caso. Roxana Teves estaba en pareja con Augusto Severini, dueño de una cadena de hoteles alojamiento.Tenían unos US$ 5 millones en nueve plazos fijos en el Citibank (los dos eran titulares). En 2009, Severini fallece y empieza un juicio civil entre Teves y la hijastra por la sucesión. Allí, Teves consigue varias medidas cautelares a su favor, para poder disponer de los fondos. Pero en el camino le inician una denuncia penal a ella, su hijo y su nuera, donde los acusan de secuestro y asociación ilícita. Los abogados querellantes son Edmundo Jiménez (hijo) y su hermana, Ana Lucía, quienes en noviembre de 2010 piden la inmediata detención de los tres, a lo que la jueza accede.
Después de un mes en prisión, Teves relata que se le presenta el abogado Alfredo Falú (actual subsecretario del gobierno de Juan Manzur e hijo de un ex diputado y ex ministro de Ramón “Palito” Ortega) y se le ofrece como su abogado defensor. “Me dijo que ellos (por los Jiménez) querían el dinero, y que la única forma de tener mi libertad era desestimar mis reclamos”, le relató Teves a PERFIL. Primero se opuso, pero por insistencia de su hijo terminó firmando. Además, Falú le hace sumar un nuevo abogado civil, René Goane (hijo de un vocal de la Corte Suprema). Así, desiste de todos sus derechos sobre los bienes, incluso de los plazos fijos.
A los pocos días, Falú, en un escrito hecho a mano, pide a la jueza el cese de prisión, a lo que accede. Ni siquiera se opusieron el fiscal ni los abogados querellantes, que supuestamente pidieron su detención por un delito grave como el secuestro extorsivo.
Al mismo tiempo, la jueza requirió que se giren los plazos fijos a una cuenta que Jiménez (h) abrió en el Banco de Tucumán. Ante la negativa del gerente de la sucursal del Citibank (Rafael Carranza), el fiscal Herrera llegó a pedir su detención. Finalmente, el banco giró los millones a la cuenta a nombre de Jiménez.
La situación de Teves y su hijo sigue siendo un flagelo. La causa sigue abierta porque la Justicia nunca la sobreseyó. Es que en el medio procesaron a un carpintero, Miguel Albarracín, que fue a reclamar una deuda de $ 90 mil que Severini tenía con él. También terminó procesado, como miembro de esa supuesta asociación ilícita. “No se cierra porque Jiménez (padre) está defendiendo que estuvo todo bien”, señaló el abogado de Albarracín.
La respuesta del ministro
Consultado por PERFIL sobre las derivaciones del caso Teves y el rol de sus hijos, el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez (tiene el mismo rol de Alejandra Gils Carbó a nivel local), se limitó a decir “nada que ver” y recomendó “leer bien” toda la información.
El también estuvo involucrado en la polémica ya que cuando se inicia la auditoría de la Corte –por ése y otros casos controvertidos– le preguntan si se iba a inhibir de participar de la auditoría por estar su hijo involucrado. Respondió que no, porque no tenía “relevancia”. PERFIL le quiso consultar al respecto, pero cortó la comunicación aduciendo que entraba al consultorio del dentista.
El Colegio de Abogados de la Capital tucumana, al denunciar el caso ante la Corte, describió la situación como el “posible proceder extorsivo de la Justicia penal provincial”.
