Cuando la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condena la avanzada venezolana de establecer los llamados "delitos mediáticos" para regular la libertad de expresión, proyecto que el presidente Hugo Chávez ha llamado "revolucionario" para "terminar de demoler las viejas estructuras del Estado burgués", está abriendo un necesario y gran paraguas para cubrir futuras complicaciones para la prensa en la Argentina.
Mucho más cuando hoy en Venezuela se asistió al bochorno de una invasión armada de chavistas ultras, deseosos de dar un correctivo a Globovisión, un canal que viene denunciando hostigamientos administrativos, tributarios e investigaciones contra sus directivos para que suavice su línea editorial.
Según éstos, la escalada gubernamental, que el gobierno bolivariano tilda de "campaña mediática emprendida por la ultraderecha", ha tenido como ejecutora principal a una conspícua partidaria de Chávez, la señora Lina Ron, quien encabezó otros asaltos a la sede del canal opositor en el pasado.
La semana anterior había sido el turno del cierre de 34 emisoras de radio, de un total de 240 que el gobierno de Venezuela ha decretado que no reúnen los requisitos legales para seguir operando. ¿Por qué asimilar la situación en ese país a lo que pueda ocurrir en la Argentina? Según ADEPA, porque el avance de Chávez se está dando "dentro del triste camino de deterioro de las libertades públicas que viene registrando Venezuela, cuya sombra se cierne sobre toda América latina".
Para los editores de diarios, que han tildado al modelo venezolano de medios de "autoritario", esta política del chavismo ha buscado "el ahogo de toda voz distinta de la oficial, la persecución de medios y periodistas independientes y la conculcación de las libertades de pensamiento, opinión e información".
Si bien el acercamiento estratégico de la Argentina con el gobierno de Chávez se ha convertido en los últimos tiempos en distanciamiento en temas financieros y en enfriamiento en cuestiones comerciales, las dos querellas que han llevado adelante aquí la secretaría de Informaciones contra los directivos responsables del diario "La Nación" sólo por el presunto delito de opinar en notas editoriales, parecen tener el mismo patrón ideológico de Venezuela, lugar donde no se tolera la crítica como fundamento núcleo de la independencia periodística.
De allí, que no haya sido ocioso el intento de ADEPA de curarse en salud, sobre todo cuando se intenta, como en este caso, "criminalizar el ejercicio del periodismo". O cuando se trata de evitar, tal como alertaron los editores, que el clima "autoritario y hostil" se despliegue en proyectos "cuya inspiración apunte a la concentración informativa en manos del poder político de turno", en referencia directa al paquete de señales televisivas estatales que se pretende lanzar en la Argentina.
(*) Agencia DYN
