El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, metió la cuña en el juicio por irregularidades en la causa AMIA, y planteó públicamente una postura que terminó contradiciendo lo que habían argumentado los querellantes del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público Fiscal y los abogados de las organizaciones de familiares de víctimas del atentado. Así, ofreció un respaldo inesperado a la iniciativa de su ex jefe político: Carlos Menem. En la audiencia del jueves, el abogado de Menem, Omar Daer, argumentó que su defendido debía ser relevado del secreto de Estado por parte del Senado e insinuó que ello permitiría que hable de cosas que no dijo “en 21 años” sobre el ataque a la mutual judía. Explicó además que el testimonio del ex jefe de Estado podría poner en riesgo “la convivencia con otros países”. Ayer, Fernández expresó su apoyo a este requerimiento durante su habitual contacto matinal con la prensa.
Para los querellantes, que se expresaron en este sentido de forma unánime, las “cuestiones preliminares” planteadas por los defendidos tienen como objetivo dilatar un proceso que se inició en 2005. Sobre el pedido de Menem, los representantes del Ministerio Público, el Estado y los familiares coincidieron en rechazar la necesidad de que el ex mandatario deba ser relevado del secreto de Estado. En contraste con esta postura, Fernández se mostró favorable al pedido de Menem: “Yo lo relevaría, porque tenemos muchos años de estar dando vueltas sobre situaciones en las cuales no sabemos qué sucedió respecto de la conexión local, cuáles son las actividades que desarrollaron las fuerzas de seguridad y la propia Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)”, indicó el ministro.
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A diferencia de lo que ocurre con los integrantes de servicios de inteligencia, el aducido deber de secreto que afectaría a Menem “no se funda en ninguna norma”, explicó Roberto Salum, de la UFI AMIA. Desde la organización de familiares Memoria Activa, representados en el juicio por abogados del CELS, se indicó tras la audiencia que el pedido de Menem era un “absurdo planteo dilatorio”, y exigieron que “declare en la próxima audiencia todo aquello que dice saber y que le ha negado a la Justicia y a las víctimas todos estos años”. El planteo de Daer se sumó a otros reclamos de los acusados que incluyen objeciones respecto de las imputaciones, la organización de los querellantes y cuestionamientos a las presentaciones realizadas en las primeras audiencias. El tribunal informará su decisión sobre estos requerimientos el 3 de septiembre.
