El lunes 17 de julio comienza la feria judicial en la Argentina. Durará hasta el 28 del mismo mes. Como si se tratara de una carrera contra el tiempo, la última semana de actividad regular en los Tribunales llegó con una avanzada de causas contra todos aquellos que pertenezcan al kirchnerismo. Casualidad o no, a raíz de las medidas, se volvió a instalar de lleno en la agenda de los medios de comunicación el tema de la corrupción durante la era K cuando falta poco más de un mes para las PASO.
Uno de los casos más resonantes fue el de la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó. El pedido de indagatoria del fiscal Eduardo Taiano por la compra de un edificio de la Procuración que está bajo la lupa por el cobro de millonarias comisiones se conoció este martes, pero se adelantó el lunes. Inclusive fueron varios los columnistas políticos que el domingo ya anticipaban la medida. Fue tal el aviso que la propia procuradora salió a hablar por los medios el lunes al mediodía a denunciar una "persecución judicial" en su contra. Esta mañana, la funcionaria solicitó, mediante un escrito presentado por su defensa ante el juez, ser sobreseída de la causa en la que está imputada.
El lunes también hubo novedades en la investigación del juez Claudio Bonadío sobre el diputado Julio De Vido. El magistrado lo procesó por los subsidios a los colectivos durante la década pasada. Además le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos y la imposibilidad de salir del país.
De Vido había tenido una buena noticia el viernes cuando el juez Luis Rodríguez desestimó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para desaforarlo de la Cámara de Diputados y detenerlo por los supuestos desvíos en la obra de Río Turbio. El exministro de Planificación vive sus peores horas, ya que el oficialismo busca avanzar con su apartamiento por "inhabilidad moral" dentro del recinto. Las fichas están puestas en el martes 18 de julio cuando la comisión de Asuntos Constitucionales trate el pedido de Cambiemos para expulsarlo y buscar los dos tercios necesarios en el recinto.
En lo que fuera un día de furia en Comodoro Py, también Martín Sabbatella fue procesado por el juez Rodríguez por supuestas irregularidades en la entrega de subsidios por casi 10 millones de pesos entre 2014 y 2015, cuando dirigía la entonces Agencia Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA). El magistrado lo encontró responsable en principio del "supuesto delito de defraudación a la administración pública". La medida no solo lo alcanzó a él, ya que corrió la misma suerte la ex directora de Proyectos Especiales de AFSCA y actual legisladora del FPV, Andrea Conde.
La avalancha judicial también llegó para la precandidata a diputada de Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. En este caso se trató de una imputación del fiscal Federico Delgado por omitir otros vínculos laborales con el Ministerio de Economía y la Cámara de Diputados al momento de presentar su Declaración Jurada (2014) en la Cámara de Senadores, donde también tenía un trabajo.
La denuncia de la asociación civil Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, cuyo titular es el abogado José Magioncalda, fue presentada en la Cámara Federal y recayó por sorteo con el número 8943/2017 ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Delgado.
La lista no termina ahí. Esta tarde la Justicia brindó una nueva noticia. La Cámara Federal de Casación Penal avaló el encarcelamiento preventivo de César Milani. La Sala IV no hizo lugar a una queja presentada por la defensa contra la resolución que había confirmado el rechazo a la excarcelación del exjefe del Ejército. Es en la causa donde Milani está imputado por privación ilegítima de la libertad y tormentos sufridos por Pedro Adán Olivera, Ramón Alfredo Olivera y Verónica Matta durante la dictadura.