Cristina Kirchner pasó de calificar la sentencia del juez Thomas Griesa como una extorsión a mostrar su voluntad de negociar con los fondos buitre en menos de una semana. En el medio hubo un giro en el que la jefa de Estado adoptó, según dicen en el propio Gobierno, una postura ortodoxa y pragmática, para tratar de evitar caer en default, una decisión de alto costo económico con la que buena parte de las bases se entusiasmaron mientras el ala técnica nunca pensó en otra cosa que en sentarse a pagar.
Con la confirmación de la orden de pago, (la Corte de Estados Unidos se negó a tratar el caso argentino) se empezaron a mover las piezas en el Gobierno. El lunes, la jefa de Estado fue muy dura con Griesa y con los acreedores. El martes, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se pronunció en la misma sintonía en una conferencia de prensa, donde si bien esbozó que se iniciaban los pasos para cambiar la jurisdicción del pago de la deuda (lo que se interpretó como un posible desacato a la Corte y eventual default), también dijo que mandaría a los abogados a negociar a Estados Unidos.
Las cosas empezaron a cambiar el miércoles. Ese día, por la mañana, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el propio Kicillof, asistieron al Congreso a dar explicaciones sobre la postura argentina ante la negociación con los holdouts. El ministro de Economía empezó a dar un discurso repasando la historia de la deuda externa, discurso que fue interrumpido por los diputados y senadores de la oposición argumentando que no habían ido a escuchar eso. Zannini tomó la palabra. En cinco minutos, explicó que la postura de la Argentina era renegociar con los fondos buitre y que no se iba a mandar ninguna ley para pagarle a los bonistas que están dentro del canje en jurisdicción argentina, para evitar embargos. Algo más directo que lo que había dicho Kicillof el día anterior.
El mismo miércoles, pero a las tres de la tarde, los abogados que representan al país en Nueva York tuvieron una audiencia con el juez Thomas Griesa. El magistrado pronunció una frase que sacudió a la Casa Rosada: “El discurso de Cristina no me da confianza”. Por la noche, en Buenos Aires, el ministro de Economía asistió de urgencia a una reunión en la Casa de Gobierno. Algunos dicen que allí estaban Cristina Kirchner y Carlos Zannini. Otros, que también estaba Juan Carlos Fábrega, el presidente del Banco Central. “Ella empezó a escuchar más a Fábrega”, confesó un alto funcionario del Gobierno. Lo que le habría explicado Fábrega era que, después de las duras declaraciones de Griesa, había que adoptar una postura negociadora porque se afectaría la política cambiaria.
A diferencia de otros temas, Fábrega y Kicillof tienen posturas bastante cercanas en este tema. En Economía aseguran que la amenaza de cambio de jurisdicción y posible “default técnico” fue “puro humo”, para mostrar algo de fuerza en una negociación. Kicillof, de hecho, estaba dispuesto a viajar ya desde después de la rueda de prensa, y sus voceros no terminaban de confirmar cuándo.
“No queda otra que tragarse el sapo y negociar, todo lo del posible cambio de jurisdicción fue para la tribuna y para simular una negociación entre posiciones muy asimétricas”, indicaron cerca de los funcionarios del Gobierno que ayer y antes de ayer mantuvieron largas reuniones en Olivos y en Economía para alinear qué, cómo y cuándo ofrecer a los bonistas, mientras preparaban el terreno con una solicitada en el Wall Street Journal.
“Capitanich habla para la tribuna cuando dice que no se va a mandar ninguna misión a Estados Unidos”, dijo una alta fuente parlamentaria sobre el raro mensaje del jefe de Gabinete respecto de que no había enviados a Estados Unidos, pese a que los abogados lo habían repetido varias veces en los estrados del Tribunal del Segundo Distrito.
