La ex ministra de la Alianza Graciela Fernández Meijide detonó una fuerte polémica al poner en duda la cifra de los 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar, sostenida históricamente por los organismos de derechos humanos. Le contestaron desde Estela de Carlotto, de Abuelas, hasta Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo.
Pero al mismo tiempo dejó al desnudo la dificultad del Estado para actualizar la cifra oficial de desaparecidos entre 1976 y 1983. La propia Meijide sostuvo en su reciente libro, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, que no pudo obtener datos oficiales, más allá de los provistos en el amanecer de la democracia alfonsinista por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), después actualizados en su versión definitiva en 2006. Para 1984 ese órgano había recibido 7.390 denuncias. Cuando se actualizó 22 años más tarde el informe Nunca Más, la cifra ascendió a casi 9 mil.
“No hay un trabajo definitivo. En sus distintas categorías en este organismo (dirección, secretaría y subsecretaría) siempre se recibieron denuncias y presentaciones”, explican ante Perfil desde la Secretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, las nuevas denuncias y posteriores investigaciones van por caminos separados a la lista de la Conadep. Es decir, el volumen de denuncias en trámite excede largamente la cifra oficial que reconoce el Estado argentino.
