La escandalosa intervención del Hospital Francés, ocurrida en 2006, no sólo provoca disputas internas como la que enfrenta a Graciela Ocaña, ministra de Salud, con el superintendente del servicio de salud Héctor Capaccioli. Ahora también comienzan las repercusiones judiciales del caso.
El nosocomio se declaró en quiebra en abril de ese año, en medio de un largo conflicto gremial. El Gobierno lo intervino, dejándolo a cargo de José Luis "Peter" Salvatierra, un hombre de confianza de Capaccioli.
Por los choques entre los trabajadores del hospital y militantes kirchneristas, Salvatierra y otros funcionarios fueron procesados y debieron renunciar en octubre de 2006. El Gobierno decidió estatizar el hospital y designó como interventor a Carlos Castrillón, aún en el puesto.
Ahora el ex interventor deberá presentarse a una indagatoria del juez Rafecas el próximo 25 de noviembre, en una causa integrada por cuatro expedientes. Las denuncias fueron presentadas por Castrillón, Graciela Ocaña y la fiscal Sandra Onetti.
La primera acusación contra Salvatierra es por haber contratado a una empresa sin antecedentes para brindar servicios médicos que el "hospital los podía prestar y de hecho, los venía prestando".
La contratación de "National Advisors" fue "innecesaria y sobreabundante", según la denuncia publicada hoy por el diario Clarín. La empresa -dedicada a los sistemas de ahorro previo- empezó a operar en el 2006, y "facturó 3.834.075 pesos" al Francés en facturas que, además, no están correctamente emitidas.
Salvatierra también está acusado de comprar remedios oncológicos y contra el HIV "a precios más elevados que los del mercado". Una de las empresas vendedoras es Bairesmed, antecesora de SeaCamp, la droguería de Sebastián Forza. El empresario, vinculado al tráfico de efedrina, aportó 200 mil dólares a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner.
Las facturas sospechosas de sobreprecios provienen de "Max Pharma, Refina SAICF, Droguería Dromas S.A., Fullfarma, Bairesmed, Novamédica, Droguería San Javier, Distrimed, Dispromed Comercial SRL, Trust Med Group, Villapoupre y Compañía de Servicios Farmacéuticos S.A." Salvatierra libró cheques por 600 mil y 800 mil pesos a San Javier y National Advisors, según Clarín.
En la causa "facturas mellizas", por otra parte, Rafecas investiga a empresas reales que presentaron facturas apócrifas al Francés. Por ejemplo, se le pagó en efectivo 52.774 pesos a Farmaline, que dijo que ni siquiera comercializa los productos que dicen que suministró, afirmó el matutino.
Por último, en la causa "ambulancias", se denuncia que se le habría pagado un sobreprecio a un monotributista que "no tenía capacidad económica ni técnica para la prestación del servicio" y manejaba una carnicería.
Por eso, además de llamar a declarar a Salvatierra, el juez Rafecas pidió a la Inspección General de Justicia que averigüe quiénes eran los directivos de Bairesmed y San Javier, entre otras farmacias implicadas.
San Javier está denunciada por querer cobrarles a pacientes del Francés por medicamentos del programa nacional de remedios gratuitos. Uno de los presidentes de la droguería fue Carlos Torres, un monotributista que donó 710 mil pesos a la campaña de Cristina, y había logrado firmar un frustrado proyecto con Venezuela sobre biotecnología, afirmó Clarín.