Como a principio de cada año, se acercan las negociaciones paritarias en todos los sindicatos.
Esta vez, sin embargo, la principal preocupación de la Confederación General del Trabajo (CGT) no
está en los aumentos salariales, sino en
mantener los puestos de trabajo frente a los despidos
y las suspensiones provocadas por la crisis financiera internacional.
"Negociaremos en paritarias de la misma forma para que ningún trabajador pierda su empleo"
dijo al diario
La Nación Héctor Daer, secretario de Prensa de la CGT, quien agregó que "no se dejarán de
discutir los porcentajes de salarios que correspondan".
Desde el comienzo del gobierno kirchnerista, en 2003, las negociaciones del gremio de
camioneros, liderado por Hugo Moyano, habían servido de referencia para el resto de los sindicatos.
Ahora, Daer sostiene que "no se pueden generalizar", ya que
"habrá que ver en cada actividad cómo se hace para obtener el mejor sueldo". El
Gobierno, por su parte, pretende un promedio de aumentos del 13,5 por ciento, según
La Nación.
Esto no implica que el Gobierno haya roto relaciones con la CGT ni con su secretario general,
Hugo Moyano.
Todo lo contrario: juntos preparan una nueva ley de Riesgos de Trabajo para
impulsarla durante 2009, según el diario
El Cronista. El borrador del proyecto
otorga más beneficios a los trabajadores y ya le puso los pelos de punta al sector
empresarial.
La nueva ley implicaría la inclusión de los trabajadores en comités mixtos de seguridad e
higiene, hasta ahora sólo controlados por las patronales. Además,
en caso de un accidente de trabajo, el empleado tendría derecho no sólo a la indemnización
de la ART, sino también a demandar a la empresa; el juicio en esos casos se haría en el
fuero laboral y no en el civil, como establece la ley actual.
Ante el repudio empresarial por lo que consideran una "doble indemnización", el diputado y
abogado de la CGT, Héctor Recalde, explicó al diario que “la doble vía sigue, porque existió
siempre. Si lo indemnizan con $ 50 y no le parece suficiente, el trabajador debe poder recurrir a
la Justicia. Si el juez dice que debe percibir $ 100, los primeros $ 50 se considerarán pago a
cuenta”.
El idilio del Gobierno con Moyano, que cumplió 65 años el pasado 9 de enero, no
termina allí. La presidente Cristina Fernández de Kirchner anunció el lunes, como parte del paquete
de
medidas para resolver la crisis del sector
agropecuario, que las cartas de porte serán gratuitas, para aliviar los costos de los
productores.
Las cartas de porte son el documento que respalda el transporte de granos. En 1992 el
gobierno de Carlos Menem le cedió el control del trámite a la Federación Agraria Argentina (FAA),
al no poder encargarse el Estado. Los formularios se convirtieron en la principal fuente de
ingresos de la entidad, que recibe
4 millones de pesos anuales.
El decreto de ayer no sólo le quita a la FAA el control de las cartas de porte, sino que
también otorga amplias facultades para el control de granos a la Subsecretaría de Transporte
Automotor, donde Moyano tiene gran influencia, según sostienen los dirigentes agropecuarios.
"Esto tiene cierto olor a una vinculación futura con el sector sindical de los
transportistas", declaró a
La Nación el titular de la FAA, Eduardo Buzzi. Los ruralistas sospechan que la medida es una
venganza hacia él, antiguo aliado del Gobierno, hoy opositor por el conflicto del campo. Y que,
tras unos meses de ser gratis, las cartas de porte volverán a ser aranceladas, pero esta vez,
bajo control de los transportistas.