Desde la ortodoxia apuntan a que un blanqueo resulta “exitoso” –siempre en términos relativos, porque su origen es dinero sin declarar– cuando existe confianza en el gobierno, estabilidad económica del país, seguridad jurídica, y una baja imposición para los bienes a ser declarados, como para que la ecuación “costo-beneficio” interese a los potenciales beneficiarios.
A partir de esto, está claro que el proyecto de ley de blanqueo de capitales que presentará en las próximas horas el ministro de Economía, Sergio Massa, apunta solo a una de esas premisas, que el dinero que declare el “beneficiado” sea menor que el que le pueda incautar la AFIP si le descubre una cuenta en el exterior.
La iniciativa, que busca mejorar la recaudación impositiva y acumular reservas para el Banco Central, amenaza con sanciones económicas a quienes tengan cuentas no declaradas en los Estados Unidos a partir del nuevo intercambio de información automático con ese país.
Fuentes del Gobierno apuntan más precisamente a “los que se beneficiaron con el blanqueo que hizo Mauricio Macri” en 2016, y que luego siguieron guardando dinero en el exterior.
Según el informe de Balanza de Pagos, emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), los argentinos cuentan con unos US$ 353 mil millones entre dinero en el exterior o fuera del sistema local, más propiedades o títulos de empresas o gobiernos extranjeros e inversiones directas en el exterior o, directamente, “dólares en el colchón”.
Pero lo cierto es que con el mismo acuerdo suscripto en 2016 por Macri, el gobierno de Alberto Fernández no necesita de un nuevo pacto para pedir los datos a Estados Unidos de quienes sospecha están evadiendo el pago de impuestos por tener fondos radicados sin declarar en el país del Norte. “Solo tienen que presentar los antecedentes para que se los entreguen”, explicó Alfonso Prat Gay, quien fue el ministro de Economía que impulsó ese blanqueo.
Más allá de las especulaciones de por qué, entonces, ahora se hace este nuevo blanqueo, lo cierto es que el proyecto de Massa se suma a otro presentado, no hace mucho, por otro sector del Gobierno: el kirchnerismo.
Fue a fines de marzo cuando el senador Oscar Parrilli y un grupo de parlamentarios cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un proyecto para la creación del “Fondo nacional para cancelar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, por US$ 44 mil millones, que sería financiado por un porcentaje de los bienes en el exterior que no estén declarados ante el Estado.
El “aporte especial de emergencia”, como explica el documento, llegaría al 20% en caso de hacer el blanqueo de forma voluntaria dentro de los primeros seis meses desde que entre en vigencia la ley y al 35% después de ese plazo.
Este proyecto nunca tuvo tratamiento parlamentario debido a que las iniciativas sobre temas impositivos tienen que ingresar por Diputados y allí, la mayoría le es esquiva al oficialismo.
Pero además, el gobierno de Alberto y Cristina Fernández ya hizo dos blanqueos de capitales, orientando el dinero de lo recaudado al sector de la construcción. Sin embargo, entre ambos, no llegaron a los US$ 1.000 millones. Entre otras cosas porque el Gobierno le había prometido a la Cámara de la Construcción que impulsaría un sistema de créditos hipotecarios atados a la evolución del salario, y no ligados a la inflación, como fueron los préstamos UVA de Mauricio Macri, y la reforma de la Ley de Alquileres que provocó el efecto contrario al que se buscaba. Ninguna de estas iniciativas fue abordada.
En Argentina puede haber muchos vaivenes económicos pero una constante: siempre habrá un plan de pagos para deudas impositivas, y un blanqueo de capitales porque: “ahora sí se comienza todo de nuevo y hay oportunidades”. Desde que volvió la democracia, el blanqueo de capitales fue una medida usada por todos los presidentes durante el período democrático.
Historia de los sinceramientos
Desde que volvió la democracia, el blanqueo de capitales fue una medida usada por todos los presidentes, excepto por Fernando de la Rúa, y por Néstor Kirchner, ya que este último había recibido un superávit fiscal del 3% del PBI de manos de Eduardo Duhalde y el ministro de Economía, Roberto Lavagna.
Todos diseñaron “sinceramientos fiscales” para atacar la fuga de capitales, es decir, recuperar los dólares que salen del país o del sistema financiero nacional. Después de siete años de dictadura, el gobierno de Raúl Alfonsín lanzó el Régimen de Normalización de Impuestos que quedó plasmado en la Ley 23.495, aprobada en febrero de 1987.
Luego de la hiperinflación de 1989 el peronista Carlos Menem también tuvo su blanqueo de la mano de su tercer ministro de Economía, Domingo Cavallo.
El gobierno de Cristina Kirchner tuvo dos blanqueos. El primero se aprobó a través de la Ley 26.476 en 2008 y se efectivizó en 2009. Con todo y, sin dudas, con el expresidente Mauricio Macri se realizó el mayor blanqueo de toda la historia nacional, con US$ 110 mil millones declarados.
