El juez federal Claudio Bonadio ordenó ayer allanamientos en la sede del Ministerio de Finanzas, de la Anses, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ese organismo y de la Comisión Nacional de Valores (CNV) en una causa en la que se investiga al ministro de Finanzas, Luis Caputo, a otros funcionarios del Gobierno y a empresas por la presunta defraudación a los fondos de la Anses en la venta de acciones.
El magistrado también ordenó ingresar en las oficinas de las firmas Indupa, Pampa Energía –del empresario Marcelo Mindlin–, en la constructora Iecsa –hasta hace semanas propiedad de Angelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri– y en la petrolera Braskem, propiedad de Odebrecht.
La causa que tiene en sus manos Claudio Bonadio se centra en tres hechos relacionados entre sí: la política del gobierno de Cambiemos de deshacerse de las acciones que la Anses tiene en varias empresas a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Los siguientes son los ejes investigados:
Hecho 1: se investiga si el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y el ex titular del Fondo de la Anses, Luis María Blaquier, favorecieron a sus ex empleadores privados al ofrecer un bono a varios bancos (Citibank, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Merrill Lynch, Credit Suisse, Deutsche Bank, Morgan Stanley y HSBC). Según la denuncia, Blaquier trabajó en Goldman Sachs y Caputo, en el Deutsche Bank y en JP Morgan. El juez debe determinar si el Fondo perdió unos US$ 75 millones cuando compró un bono en dólares emitido por la provincia de Córdoba y cuando vendió títulos públicos de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Hecho 2: el fiscal Gabriel de Vedia, titular de Unidad Fiscal Especializada en delitos relacionados a la seguridad social (Ufises), denunció un posible fraude en la venta de las acciones de la petroquímica Solvay Indupa SA que podría implicar un menoscabo sobre los recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad estimado en US$ 1.168.502. Quien se benefició en la operación fue la brasileña Unipar, propiedad de Braskem –la petrolera de Odebrecht– que se quedó con las acciones que tenía el Fondo a un precio que luego de la operación trepó. Es decir, la Anses recibió mucho menos de lo que las acciones habrían valido realmente.
Hecho 3: el juez también investiga una denuncia de la diputada Victoria Donda sobre la venta de acciones de Petrobras que estaban en manos del Fondo y pasaron a la firma Pampa Energía. Donda dijo que la maniobra perjudicó “no sólo los activos del FGS, sino también generó importantes ganancias a muy corto plazo por la suba previsible del valor de las acciones”.
