El juez federal Claudio Bonadio allanó ayer las administraciones de consorcio de las propiedades que la familia Kirchner tiene en Capital Federal a nombre de Los Sauces SA. Fue en el marco de una causa por supuesto enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos públicos y adulteración de declaraciones juradas contra la ex presidenta Cristina Fernández, impulsada por el fiscal Carlos Rívolo en los últimos días.
Bonadio dispuso los procedimientos en Guevara 335 y Sarandí 1456, donde funcionan los consorcios de administración. Cuando los oficiales llegaron, no se les permitió ingresar. Los policías se retiraron y regresaron con la orden del magistrado de forzar las puertas.
Los investigadores buscan determinar quién sostuvo y sostiene actualmente los gastos de esos departamentos. Por eso buscaban al titular de las expensas y los servicios de las propiedades desde el primer día, informaron fuentes judiciales a PERFIL.
La Justicia ordenó a la Policía Metropolitana realizar allanamientos en los barrios porteños de Puerto Madero y Constitución en busca de información sobre cuatro departamentos de la sociedad inmobiliaria. Se trata de tres propiedades en el edificio Madero Center, en las calles Guevara 329 y Macacha Güemes 3322, y en la vivienda donde vive Florencia Kirchner, en San José al 1100.
Algunas de las propiedades a nombre de Los Sauces SA fueron alquiladas a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez, ambos beneficiarios de negocios con el Estado durante las gestiones K. El alquiler de cocheras y departamentos en Puerto Madero y Río Gallegos está en la mira como un mecanismo de blanqueo de retornos a la familia presidencial. Según la denunciante, Margarita Stolbizer, la sociedad habría alquilado sus propiedades por encima de los valores del mercado.
Cristina recusó y denunció penalmente a Bonadio luego de que el juez la citara a indagatoria por la venta de dólar a futuro. En esta nueva causa también es investigado el diputado nacional Máximo Kirchner.
Los Sauces es una sociedad anónima que lleva el mismo nombre de uno de los hoteles en El Calafate. La familia la utilizó para poner propiedades a su nombre. Está integrada por Cristina (45%), Máximo (32,5%) y Florencia (22,5%).
Piden la captura internacional de un dueño de Helvetic
El juez federal Sebastián Casanello ordenó la captura nacional e internacional del abogado Néstor Marcelo Ramos, uno de los dueños de la financiera Helvetic Services Group SA, radicada en Suiza. Fue luego del pedido del fiscal Guillermo Marijuan. Helvetic es una pieza clave en la causa por “la ruta del dinero K”. En 2013, le transfirió $ 209 millones a Austral Construcciones, del empresario Lázaro Báez. La Justicia sospecha que Helvetic blanqueó los fondos de origen ilícito que los Báez fugaron a través de sociedades offshore.
El financista Ramos es argentino, pero también tiene pasaporte italiano. Está citado a declaración indagatoria para el próximo viernes, aunque hasta ayer no pudo ser notificado por el juzgado. Por eso pidieron su detención. Ramos posee un tercio de Helvetic, cuyos servicios apuntan a “reducir u ocultar parte del patrimonio” de sus clientes, según el juez Casanello. Además, Ramos firmó el contrato de compra de “La Rosadita” o SGI. Lázaro y Martín Báez sostienen que su empresa recibió los fondos como préstamo para “participar en la construcción de las represas de Santa Cruz”. Pero las pruebas aportadas por el fiscal José María Campagnoli hablan de una operación de blanqueo.
