Forzar la salida de Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación es una de las primera batallas que el macrismo y sus aliados están dispuestos a dar a partir del 10 de diciembre si el candidato de Cambiemos fuera electo presidente. La embestida comenzará el día 1, aseguraron a PERFIL miembros del equipo que ya prepara la estrategia para desplazar a la jefa de los fiscales y una de las figuras más resistidas por el sector judicial enfrentado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
La jefa de los fiscales dijo que está dispuesta a quedarse en el cargo para el que la nombró la Presidenta a fines de 2012. Pero el macrismo ya junta municiones para intentar removerla. Si el 22 de noviembre gana Macri, en el PRO esperan no tener que llegar a un juicio político y forzar la salida ante la presión pública. Pero están dispuestos a avanzar de considerarlo “necesario”. No sólo ya hay conversaciones con al menos cuatro posibles sucesores para el cargo. También cuentan los porotos en el Congreso: necesitan que un posible juicio político avance primero en Diputados donde se realiza la acusación de un jury, y donde el PRO tiene más fuerza. Luego deben conseguir que dos tercios de los senadores voten por la destitución de la funcionaria.
Hoy la comisión de Juicio Político de Diputados está presidida por la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti, pero la integran Elisa Carrió (Coalición Cívica) y Laura Alonso (PRO), enfrentadas con Gils Carbó. El macrismo ya está sondeando a la diputada Graciela Camaño, del Frente Renovador, para que también se asegure un lugar en esa comisión de Diputados frente a la renovación del Congreso luego del 10 de diciembre.
“Tal vez él –por Macri– quiera este cargo para poner a alguien de su espacio político”, dijo la procuradora a PERFIL en una entrevista el domingo. Ante las críticas de Macri y sus aliados de catalogarla como “militante kirchnerista”, dijo: “Macri designó a un diputado del PRO como procurador de la Ciudad, que también tenía como antecedente haber sido abogado de las empresas de Daniel Angelici, el actual presidente de Boca”. “Me quedo porque así lo dice la Constitución. Si yo me retirara con un cambio de gobierno estaría menoscabando la autonomía de la Procuración”, agregó.
La respuesta no se hizo esperar. Las diputadas Laura Alonso y Patricia Bullrich anunciaron que pedirán el juicio político para removerla de su cargo. En Cambiemos, se preparan para un diciembre movido y no descartan actividad parlamentaria durante enero, como reuniones de comisiones. Alonso no pierde los días repasando denuncias, acusaciones y argumentos para iniciar en jury.
A la hora de elegir al procurador, los Ejecutivos siempre encumbraron hombres de confianza del presidente de turno o de sus ministros. La relación entre el procurador y los fiscales es vertical y fue variando con métodos más políticos o crudos, dependiendo del estilo del gobierno de turno. Los fiscales que ejercen desde hace más de 25 años en el edificio pueden dar cuenta de ello.
