El juez Sebastián Casanello dispuso entregarle al Ministerio de Seguridad de la Nación el yate que la Justicia le secuestró al ex secretario de Transporte kirchnerista, Ricardo Jaime, en una causa por enriquecimiento ilícito. El magistrado pretende que la embarcación sea utilizada para la lucha contra el crimen organizado.
El funcionario judicial ordenó tener a la cartera que dirige la ministra Patricia Bullrich como depositario judicial de la embarcación, que fuera secuestrada en el marco de la causa contra el ex secretario de Transporte por enriquecimiento ilícito.
La embarcación en cuestión fue secuestrada en el marco de la causa seguida contra Jaime, quien actualmente a la espera de realización de juicio oral.
Según informó el Centro de Información Judicial, Casanello invocó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la normativa interna, para disponer la medida cautelar y asignarle una finalidad pública, social y reparadora. En ese contexto, se citó el antecedente de la causa de ese mismo juzgado que tiene por imputado a Lázaro Báez y la ratificación de ese criterio por parte de la Cámara Federal de Apelaciones.
La cartera ministerial indicó que dicho aporte le permitirá al Estado Nacional contar con una nave de avanzada tecnología que posibilitará el desplazamiento eficiente y rápido a los diferentes escenarios de la hidrovía donde se desarrollen operaciones de seguridad en la lucha contra el crimen organizado, el delito complejo o donde se requiera la presencia de la Nación.
En abril pasado, Prefectura Naval Argentina tuvo como misión repatriar el yate valuado en un millón de dólares desde el puerto de Pirápolis en Montevideo. Casanello logró que se efectivizara el pago que solicitó a la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura, y de ese modo consiguió que la embarcación regrese desde Uruguay a la Argentina.
En 2013 el lujoso barco fue descubierto en Uruguay donde los dueños, que lo habían llevado al puerto para reparar, lo dejaron abandonado y nunca lo reclamaron. Esta situación generó una deuda que es la que se pagó a las autoridades uruguayas para que el navío pudiera salir de Piriápolis.
El 10 de marzo de 2009, unos meses antes de que Jaime fuera obligado a abandonar su cargo de secretario de Transporte de la presidente Cristina Fernández de Kirchner, la empresa Dalia Ventures LLC, con domicilio en Delaware, Estados Unidos, compró el yate.
La investigación judicial determinó que dos testaferros de Jaime, Manuel Vázquez, detenido con detención domiciliaria, y Silvano del Carmen Mazzucchielli eran los autorizados para retirar el yate del astillero que lo construyó.
La decisión del juez Sebastián Casanello
