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La Justicia ahondará en cada una de las causas de este trío (Oyarbide, Leiva y la Difoc) para determinar si hay irregularidades o patrones sospechosos, como adelantó PERFIL. Si el juez Rodríguez encuentra irregularidades en la instrucción de las causas, deberá informarlo a sus superiores –también superiores de Oyarbide–: la Cámara Federal porteña.
Si las irregularidades detectadas por Rodríguez lo ameritan, la Cámara Federal puede elevar un informe a la Corte Suprema y el máximo tribunal podría intervenir el juzgado de Oyarbide a través de su cuerpo de auditores, informaron a PERFIL fuentes de la causa.
En la mira. Otro funcionario judicial en la mira es Carlos Leiva, titular de la Secretaría Nº 9 del juzgado de Oyarbide y su hombre de mayor confianza desde mediados de 1994. La oficina del secretario Leiva, pequeña y con una ventana al exterior, siempre está colapsada de cajas que se amontonan con la evidencia de las megacausas clave del momento.
Todas esas pruebas son recolectadas en su mayoría por la Difoc. Mafia de los medicamentos, pasaportes falsos de jugadores de fútbol, Schoklender y Alhec son algunos de los expedientes más famosos de Oyarbide, que estuvieron a cargo de Leiva. En todos esos casos, el juzgado pidió la intervención de la Difoc, el equipo de confianza del juez y su secretario a la hora de escuchas, tareas de inteligencia y allanamientos.
Las financieras fueron un blanco central en todas esas megacausas: decenas y decenas de allanamientos y secuestro de cheques, efectivo, documentación y computadoras.
Este diario ya reveló que la acusación del financista Greppi coincide con testimonios que viene recibiendo PERFIL hace al menos seis meses, que exhiben el mismo mecanismo de recaudación y que apuntan al mismo juzgado.
Las denuncias en off the record aluden a otros miembros del entorno del juez: estudios de abogados y allegados e íntimos del magistrado que habrían pedido dinero en su nombre. Sólo Greppi denunció ante la Justicia cuando lo llamó el propio Oyarbide
