La tensión y el silencio se apoderaron de los tribunales federales desde que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció su reforma judicial, como si el efecto que, según la oposición, busca el Gobierno sobre la Justicia ya se hubiese cumplido.
Los jueces y fiscales que investigan los delitos de corrupción se sienten en la mira del Gobierno, piden bajo perfil a los periodistas, no quieren hablar de las causas que manejan, se juntan en los pasillos de Comodoro Py a despotricar contra el kirchnerismo, los miembros de la agrupación pro K Justicia Legítima y la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.
Critican la reforma judicial, reclaman medidas para “democratizar la Justicia” que no están incluidas en los proyectos del oficialismo. Pero nadie quiere hablar de ello públicamente. Las quejas son a puertas cerradas, en encuentros casuales en las escaleras de los tribunales y en voz baja.
Ayer, en la asamblea convocada por el gremio de los empleados judiciales, que lidera Julio Piumato, sorprendió la presencia de cargos intermedios de los juzgados. Hay funcionarios judiciales que dirigen investigaciones sensibles para el Gobierno y que ahora, de ser sancionada la reforma judicial, deberán rendir cuentas de sus cargos ante el renovado Consejo de la Magistratura. El organismo que controla y elige a los jueces deberá seleccionar también a los secretarios de los juzgados, quienes en la práctica dirigen las investigaciones y conocen los expedientes a fondo. Se trata de las “manos derechas” de los jueces, sus ojos y oídos .
La reforma implica que los miembros del Consejo sean elegidos por el voto popular. El sector político que gane las elecciones tendrá mayoría en el Consejo. Esa mayoría decidirá el destino de esos secretarios que hoy deben investigar al poder. Es que muchos de ellos son personal contratado del Poder Judicial, y de acuerdo a la reforma deberán rendir examen y concursar ante el Consejo para mantener sus puestos. Muchos de ellos manejan y manejaron causas de alto voltaje político: causas de corrupción, causas por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos y violación de deber de funcionario público, entre otros delitos que involucran a funcionarios de este y otros gobiernos.
Otra de las preocupaciones centrales en los tribunales de Comodoro Py es que la reforma implica que con la mitad más uno de los consejeros presentes en la Magistratura será posible destituir a un juez de su cargo. Se necesitará un quorum de sólo diez personas para tratar la cuestión. “Con el voto de seis consejeros, echan a un juez”, mascullaban ayer funcionarios judiciales en los pasillos.
El Consejo deberá, justamente, resolver el futuro del juez Daniel Rafecas por su accionar en la Causa Ciccone.
