Cinco funcionarios de Cancillería, entre ellos el director de Ceremonial Marcelo Pujol, fueron citados hoy a declaración indagatoria, imputados por asociación ilícita e incumplimiento de los deberes de funcionario, en el marco del escándalo por los autos importados.
Fuentes judiciales indicaron que esta tarde el juez federal Norberto Oyarbide resolvió las citaciones y oficializó así la hipótesis que investiga a una banda dedicada a hacer negocios con los autos que gozaban de franquicias impositivas por ser designados, supuestamente, a diplomáticos, con la ayuda de funcionarios de Cancillería.
Además de Pujol, también fueron citados los empleados administrativos del organismo Roberto Zárate Barrios, Marisol Rodriguez, María Cristina Santander y el gestor Pablo Rodriguez.
Pujol fue llamado para declarar el 28 de marzo a las 12; mientras que los empleados del área de Franquicias Zárate Barrios, Rodríguez y Santander para 25, 26 y 27 de este mes respectivamente. E intermediario que actuó como gestor en gran parte de las operaciones cuestionadas, Pablo Rodríguez, feu citado a indagatoria para el 31 de marzo, también a las 12.
Jorge Matas , el principal ex funcionario que debía presentarse hoy a declarar como sospechoso y había pedido postergación, recién prestará indagatoria el 1 de abril, mientras que los nuevo cinco imputados deberán presentarse en la última semana de marzo.
Matas, el principal responsable del Departamento de Franquicias de la Cancillería cuando se registraron las irregularidades en la importación de autos diplomáticos, fue desplazado el 21 de enero de su cargo.
Cuatro días antes, el canciller Jorge Taiana informó que una auditoría detectó irregularidades en la mayoría de los permisos dados por el área Franquicias entre 2004-2007, y el escándalo salpicó a una quincena de diplomáticos, varios de ellos en actividad.
Al parecer, la maniobra consistía en importar autos lujosos con franquicia diplomática -libres de impuestos, casi 50 por ciento menos del precio de mercado- y, en vez de usarlos, nacionalizarlos y venderlos a ciudadanos argentinos.
Fuente: DyN
