Después del allanamiento en Cablevisión -a instancias de una medida judicial tomada por una denuncia del grupo mediático Uno, propiedad de Vila-Manzano-, el grupo Clarín, dueño del mayor operador de cable del país, calificó la decisión como "un atropello".
"La medida, claramente abusiva, constituye un atropello a la compañía, sus 9000 empleados y sus clientes de televisión y banda ancha. La presencia de más de 50 gendarmes con exhibición de armas en la sede central de la empresa, en una actitud intimidatoria y avasallante, configura un hecho de indiscutible gravedad, el cual se inscribe sin duda como un capítulo más dentro de la avanzada oficial contra los medios periodísticos no adictos", afirmó Clarín en un comunicado.
Según la empresa, el juez Walter Ricardo Bento, subrogante de Mendoza, es "claramente incompetente para intervenir en cualquier cuestión que afecte a Cablevisión" ya que "la empresa no tiene actividades en la provincia de Mendoza y la demandante tampoco tiene su domicilio legal en esa jurisdicción".
Además, el comunicado califica a Vila-Manzano como "uno de los multimedios más beneficiados -ecónomica y regulatoriamente- por el Gobierno Nacional" que busca "apropiarse ilegítimamente de parte de Cablevisión".
Clarín destaca que "las autoridades de la empresa no opusieron en ningún momento resistencia" a la intervención de gendarmería, y "se puso a disposición de los mismos la documentación de la compañía la cual nunca llegó a ser requerida en detalle".
Los interventores, según el comunicado "ingresaron al edificio por la fuerza y sin identificarse" y "comenzaron a recorrer el edificio amedrentando al personal", además de negarse a exhibir la orden judicial correspondiente.
A raíz de esto, Cablevisión radicó una denuncia penal por “abuso de autoridad, sin perjuicio de los otros delitos que pudieran resultar de los hechos relatados y de la investigación que se llevará adelante".