La investigación local del tráfico de casi una tonelada de cocaína a España, a cargo del juez en lo Penal Económico Alejandro Catania, intenta avanzar en el mismo sentido del discurso del Gobierno sobre el escándalo: centrar las responsabilidades en de la Fuerza Aérea. Ayer martes el magistrado citó a declarar, por ahora como testigos, a 18 oficiales y 90 suboficiales que prestan servicios en el aeródromo de Morón, donde estuvo estacionado casi dos meses el avión que luego los hermanos Julía y Gastón Miret, todos hijos de brigadieres, llevaron a Barcelona.
Desde este mismo miércoles comenzará el desfile de los militares por el juzgado de Catania. La citación incluye a todo el personal que prestaba servicio bajo el mando del comodoro Jorge Ayerdi, incluso su segundo, el vicecomodoro Jorge Tomasoni. Ayerdi, como se sabe, ya fue desplazado de su cargo, pocas horas después de prestar testimonio ante Catania esta semana. Luego de los oficiales, será el turno de ir a Tribunales de los 90 suboficiales que tienen a Morón como destino, y cuando esos interrogatorios hayan finalizado, llegará el turno del más de centenar de civiles que también trabajan en Morón.
