El contador de Lázaro Báez, Daniel Pérez Gadín, debió presentarse ayer al inicio del juicio oral en el que se lo acusa por los presuntos delitos de falsificación de documentos públicos y defraudación contra el Estado.
El hombre señalado por el financista Federico Elaskar como el enviado del empresario K para “intervenir” la financiera SGI –hoy investigada por presunto lavado de dinero de Báez– será juzgado por un centenar de gestiones migratorias realizadas entre 1993 y 1994 para el ingreso ilegal de ciudadanos chinos al país (ver aparte). A Pérez Gadín se lo enjuiciará por una serie de hechos, aunque está acusado de muchos más trámites irregulares. Su abogado defensor, Luis Vignale, pidió ayer la prescripción de la causa. Por esa razón, el juicio podría peligrar.
La causa prescribía en agosto pero tomó un impulso inesperado para Pérez Gadín tras la notoriedad que adquirió el contador por el nexo con Báez.
Ayer se inició el debate luego de que la fiscal Sabrina Namer se negara la semana pasada a conceder la probation o la realización de trabajos comunitarios que solicitó la defensa del contador para evitar el juicio.
La decisión sobre la prescripción de la causa se encuentra en manos del Tribunal Oral Federal Nº 3, a cargo de los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Jorge Gestas. Se decidirá el 29 de mayo.
Pérez Gadín, visiblemente abatido, evadió a la prensa en el ingreso de los tribunales de Comodoro Py, donde llegó muy temprano junto a su abogado.
Sus allegados dijeron a PERFIL que el contador afirma que “no tiene nada que ver” y que esta situación “lo coloca en medio de una guerra entre el Gobierno y Clarín”, en relación con la causa por presunto lavado de dinero y fuga de capitales atribuidos a Báez.
“Lo único que hizo fue alquilar una oficina paralela a la financiera SGI en Puerto Madero”, dijeron sus allegados. SGI funciona en Madero Center en el piso 7º, departamento C. Pérez Gadín tiene oficinas en el departamento B. “Es un perejil”, argumentaron en su entorno para despegarlo del escándalo del que es eje: sus vuelos al extranjero y su supuesto manejo de las sociedades del exterior vinculadas a Báez lo hacen una figura central en la investigación.
Muy cerca de Pérez Gadín aseguraron que su trabajo “se limita al armado de empresas y su administración”, pero negaron su desempeño como “testaferro de Báez o ilegalidades en documentación”. “La Justicia ahora avanza tras veinte años porque es una moda pegarle a Pérez Gadín”, explica una persona de confianza del contador.
En tribunales deslizaban ayer que el Gobierno redobló esfuerzos para que alguno de los fiscales firmara la probation de Pérez Gadín, pero ante la negativa se nombró a la fiscal Namer quien mantiene una indeclinable postura de negar los trabajos comunitarios para evadir los juicios en causas por delitos de corrupción. La fiscal tiene también a cargo la causa por el presunto pago de sobornos del Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa.
Pérez Gadín figura como dueño de una propiedad en Uruguay valuada en 14 millones de dólares y gestiona las cuentas del hotel Alto Calafate, de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desplazaron a la jueza de Río Gallegos que investigaba a Lázaro
“A nosotros nos van a limpiar”, dijo a PERFIL en abril una alta fuente del juzgado federal de Río Gallegos. El caso Báez acababa de estallar. La jueza Ana Alvarez sabía que el poder K la tenía en la mira. Era cuestión de tiempo. Ayer, Andrea Askenazi Vera se convirtió en la nueva jueza federal de esa jurisdicción. Es una de los conjueces, al igual que su marido, designados por el Poder Ejecutivo en los últimos días.
Askenazi Vera se desempeñó como asesora legal en la Fiscalía de Estado y hasta su designación como conjueza ejercía funciones en la Secretaría General de la Gobernación de Santa Cruz.
La jueza Alvarez no estaba fija en su cargo, había sido secretaria del juzgado y asumido en reemplazo de un juez que se jubiló. El Ejecutivo nunca la confirmó en su puesto. Fue quien aseguró que Lázaro Báez fuera investigado también por supuesta malversación de fondos de la obra pública de Santa Cruz.
