Cómo es el proyecto de Larroque para prohibir "la oferta sexual"

Un polémico proyecto del diputado Andrés “Cuervo” Larroque, que fue aprobado en Diputados y podría tratarse las próximas semanas en el Senado, busca imponer multas de hasta tres millones de pesos a quien difunda “avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual”.

La iniciativa despertó rechazos en distintas agrupaciones de trabajadores sexuales. “Estamos en un limbo legal porque nuestra actividad no está prohibida pero tampoco la podemos promocionar”, explicaron al sitio Todo Noticias.

El proyecto fue aprobado en noviembre de 2014 en la Cámara baja, con 123 votos a favor y 54 en contra. El titular de La Cámpora sostuvo que se trata de “un régimen de prohibición, en cualquier medio de comunicación, de todo aviso, publicación, publicidad y mensaje que fomente la oferta sexual y la trata de personas con fines de explotación”.

“Busca la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia contra las mujeres mediante la regulación de la difusión de mensajes destinados al comercio sexual”, explicó entonces Larroque.

El texto de la medida que ingresó en la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside la senadora Liliana Fellner, sostiene que “los avisos, publicaciones, publicidades o cualquier otro tipo de mensajes que promuevan la oferta sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual”.

Para los medios que infrinjan la norma, el texto prevé sanciones que van desde apercibimiento hasta multas de entre 60 mil y 3 millones de pesos y decomiso de volantes u otros materiales que se entreguen en la vía pública.

En los casos de “reiteración o desobediencia a una orden de cese”, las sanciones se agravarán y se duplicarán los límites mínimos y máximos. La UCR rechazó el proyecto a través de los diputados Patricia Giménez y Manuel Garrido. Según explicó el segundo, el texto “es inconstitucional porque está en juego la libertad de expresión”.

"Este proyecto criminaliza a las víctimas y no ayuda a cumplir los objetivos", agregó la socialista Alicia Ciciliani al fundamentar el rechazo del FAP. El Frente Renovador y Unión Pro optaron por abstenerse, consignó El Parlamentario.

Lo cierto es que el proyecto podría tratarse en comisiones durante la próxima reunión que convoque Fellner, prevista para después de las PASO. De obtener media sanción en la cámara alta, la iniciativa de Larroque pasará a tener fuerza de ley.