El Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la designación y la remoción de jueces, fue objeto en los últimos años de varias denuncias penales en los tribunales federales de Comodoro Py. Entre ellas está la que tramita en el juzgado a cargo de Rodolfo Canicoba Corral e investiga la posible administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública del Poder Judicial. En el marco de esa causa, esta semana se ordenó el peritaje de varias obras sospechadas de irregularidades.
Entre los imputados por el requerimiento del fiscal Ramiro González está Germán Krieger, ex administrador del Consejo y señalado como hombre cercano al presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Tras su salida de la administración, Krieger tomó licencia y se reincorporó en diciembre de 2015 a la vocalía del consejero Luis Cabral.
Allí, Krieger percibe un sueldo neto de 223.907 pesos, de los cuales 52.261,37 son en concepto de desarraigo. El monto es un 35% del sueldo que, como explicaron fuentes del organismo a PERFIL, se paga a los empleados que para cumplir funciones allí dejan sus casas en el interior y enfrentan doble gasto. Las diferentes resoluciones que se dieron en torno al tema establecieron que el beneficio corre para quienes acrediten, al momento de empezar sus funciones, sus domicilios a más de cien kilómetros de Buenos Aires.
“El Consejo es un organismo federal y por eso se paga ese porcentaje, para aquellos que vienen a cumplir funciones a Buenos Aires”, detallaron las fuentes consultadas, que prefirieron mantener en reserva su identidad.
El caso de Krieger tiene ribetes cuando menos “desprolijos”. Según pudo reconstruir este diario, el ex administrador vive en Pilar junto a su mujer, que también trabaja en el Consejo pero que no cobra el porcentaje de desarraigo. La explicación que dan es que ella es oriunda del sur del conurbano bonaerense y él de Santa Fe, por lo que cobra desarraigo y ella no. Ante la pregunta sobre si después de más de ocho años en el Consejo y teniendo su vida familiar a menos de cien kilómetros de la capital es correcto que siga percibiendo un beneficio que anualmente le cuesta al Poder Judicial más de 600 mil pesos anuales, las fuentes admitieron que el caso debería pasar por revisión. Y agregaron que primero debería ser el beneficiario quien dé cuenta de su nueva situación.
La figura de Krieger estuvo bajo la lupa de la Justicia desde su misma designación, en 2009, ante la sospecha de que no acreditaba los requisitos necesarios para ser administrador. En febrero de 2016 llegó el turno de la denuncia sobre los desmanejos de obra pública, que esta semana se encaminó hacia la prueba que podría dejarlo a las puertas de la indagatoria. Las obras que serán peritadas por el cuerpo de peritos contadores y personal profesional de la facultad de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires son las de Santa Fe, Neuquén, Posadas, Resistencia, Morón, Tres de Febrero, San Nicolás, Av. de los Inmigrantes, en Retiro y en la calle Montevideo, en la zona de los tribunales porteños. Todas fueron mencionadas por los testigos como aquellas en las que más irregularidades se cometieron.
