El Gobierno confirmó hoy con la publicación de la Decisión Administrativa 429/07 que la organización general de las elecciones del 28 de octubre quedará en manos de la empresa española INDRA, denunciada penalmente por presuntas irregularidades en la facturación de los servicios que prestó para los comicios de 2003 y que fue acusada por dos organismos de control de cometer errores que alteraron el escrutinio provisorio de esas mismas elecciones.
En el texto de la norma se ratifica que "la Dirección Nacional Electoral, solicitó la contratación del servicio de diseño, planificación, organización, operación del servicio de carga, procesamiento y difusión del escrutinio provisional, de nivel nacional a realizarse en las próximas Elecciones Nacionales".
Como anticipó el Diario Perfil el domingo pasado, la contratación de los servicios de INDRA SISTEMAS S.A que impulsó el Ministerio de Interior a cargo de Aníbal Fernández, le costará al Estado nacional $ 38.612.000,00.
La adjudicación de la licitación pública 18/07 contó curiosamente con el visto bueno de la Sindicatura General de la Nación a los precios indicativos o testigos. Ese mismo organismo estatal de control fue el que detectó en 2004 que INDRA cometió "irregularidades" en los comicios que llevaron a Néstor Kirchner a la Presidencia. Entre otras cosas, dictaminó que "se han constatado inconsistencias en la carga de datos".
Pero en esta ocasión fue la Dirección Nacional Electoral la que controló a la SIGEN. En la Decisión Administrativa figura que esa oficina del Ministerio del Interior tuvo que "elaborar un informe detallando los importes correspondientes a los puntos no incluidos en los valores informados por la Sindicatura General de la Nación". Al parecer, la SIGEN recomendó contratar por más o por menos del 5 por ciento permitido según el valor de referencia.
En una segunda instancia, se confeccionó una nueva planilla de precios comparativos de ofertas y luego una "Comisión Evaluadora de justificación de la preadjudicación efectuada", elaboró el positivo dictamen 108/2007 a favor de la firma ibérica.
Además de las observaciones de la SIGEN a elecciones pasadas se suman las objeciones de la Oficina Anticorrupción en 2005 ante la presunción de que los pliegos estaban hechos a su medida y una denuncia judicial contra la cartera de Fernández por el pago de sobreprecios por 5 millones de pesos en 2003.
A pesar de las sospechas que pesan en su contra, la empresa encargada de llevar a adelante la ardua tarea de contar voto a voto los comicios del 28 de octubre monopoliza el negocio de los escrutinios desde 1997.
Contrataron a firma bajo sospecha para las elecciones
El Estado le pagará a la empresa española INDRA S.A. $ 38.612.000,00 para "diseñar, planificar, procesar el escrutinio". En su haber, figuran denuncias por irregularidades, sobreprecios y licitaciones a medida.
