La novedad de presentar las declaraciones juradas obligó al Ministerio de Seguridad, y en particular al área de Asuntos Internos de la Bonaerense, a rediagramar su trabajo cotidiano. Por ello, su titular, Guillermo Berra, armó el Area Patrimonial, donde un grupo de funcionarios se dedica exclusivamente a analizar las DDJJ, cruzarlas con otras bases de datos y elaborar informes.
Hoy, en La Plata hay 210 investigaciones en trámite sobre distintos casos de policías bonaerenses que podrían estar involucrados en irregularidades.
De ellas, treinta fueron denunciadas penalmente. Por caso, dos comisarios mayores, uno de La Matanza y otro de Almirante Brown, quienes no podían justificar los bienes que tenían declarados. O un comisario de Mar del Plata que, con un sueldo que no superaba los $ 40 mil, poseía, con su hermano, una empresa de camiones. Interesante caso: tenía el apoyo del intendente de Cambiemos, Carlos Arroyo, quien tuvo que desistir de colocarlo como secretario de Seguridad de su municipio cuando lo alertaron de semejante patrimonio.
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En el Area Patrimonial de Asuntos Internos trabajan abogados expertos en lavado de dinero, contadores y especialistas en recupero crediticio. Desde esas oficinas también se trabaja con el cruce de datos con bases como Veraz, Nosis o reportes online. No es poca cosa: tienen 6.350 DDJJ que se presentaron desde el año pasado para analizar.
Por supuesto, antes del decreto de la gobernadora de abril donde obligó a presentar DDJJ a los policías el área no existía. Sin embargo, para las investigaciones que lleva el equipo que maneja el abogado Berra resulta fundamental. Es que en muchos casos Asuntos Internos termina siendo un sostén probatorio de la Justicia, en particular de muchos fiscales que “duermen” las causas más sensibles. Es que en algunos casos los delitos quedan subsumidos a otros menores y, sin el consecuente apoyo de pruebas sobre el patrimonio de los acusados, las causas se diluyen.
En otros casos, los fiscales no avanzan a pesar de las pruebas que ofrece Asuntos Internos. Por ejemplo, la fiscal penal de La Plata, Virginia Bravo. Aunque tiene la instrucción para la causa por las amenazas de un grupo de ex comisarios para “hacer boleta” a Vidal, a Ritondo y al propio Berra, la causa no se movió desde que se dio a conocer como “operación talonario”. En ella se revelaba una reunión en un club de La Matanza donde ex comisarios entremezclados con actuales integrantes de la fuerza y hasta jefes de las plantas verificadoras de vehículos, desplazados por irregularidades, dialogaban sobre un supuesto plan para matar a la gobernadora y sus funcionarios.
Todo había comenzado con un anónimo, pero en Asuntos Internos aportaron más pruebas. El ministerio se las acercó a la fiscal, junto al jefe de gabinete de Seguridad, el abogado Marcelo Rocchetti. La fiscal dudó y, a regañadientes, aceptó el material. En la Gobernación ni siquiera los citaron aún a declarar.
