A cuarenta días de la desaparición de Santiago Maldonado, un sector del Gobierno y parte de los investigadores del caso sostienen, con pesimismo, que no creen poder llegar a la verdad sobre qué sucedió con el tatuador. Al menos ésa es la postura que manifestaron fuentes oficiales y del caso a PERFIL, basados en la información que hasta el cierre de esta edición existía en el expediente judicial. El gobierno de Mauricio Macri ya carga con el peso de un desaparecido. El paso de las semanas sin pruebas contundentes profundiza la incertidumbre de que el caso pueda transformarse en otro ejemplo de impunidad en la Argentina y volver a exponer la incapacidad del Estado para resolver casos emblemáticos.
En los próximos días, una prueba central en la investigación podría cambiar esta postura (ver página 6). Mientras tanto, y aunque los principales indicios apuntan a Gendarmería y develan que la fuerza ocultó información a la Justicia sobre lo sucedido en el operativo del 1º de agosto en Chubut, no hay una prueba contundente que les permita a los investigadores conocer qué sucedió exactamente ese día y cuál fue el destino de Maldonado después del desalojo de la Ruta 40.
El Gobierno y un sector de los investigadores comenzaron hace días a apuntarle a la Justicia por la falta de resultados en la investigación. Creen que se demoraron medidas clave en torno a los teléfonos de Maldonado, a los gendarmes que participaron del operativo del 1º de agosto, y también a los rastrillajes en la zona del conflicto.
Las tareas de investigación fueron asignadas a un equipo de cuarenta policías federales, enviados desde Buenos Aires y especializados en distintas áreas: secuestros extorsivos, homicidios, drogas y telefonía. Algunos incluso formaron parte del equipo que durante tres años investigó la desaparición de Jorge Julio López, el testigo desaparecido el día que se conoció la sentencia del represor Miguel Angel Echecolatz, hoy detenido. La desaparición sigue impune a casi 11 años del hecho. Los investigadores de la Federal aseguran que jamás encontraron pruebas que les permitieran saber qué sucedió con Julio López.
Mientras la oposición, un sector de la sociedad y la familia de Maldonado apuntan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, señaló públicamente a la Justicia por la falta de resultados. “La investigación que no se hace en tiempo oportuno y con mucha dedicación a lo mejor no se puede hacer nunca más, y las demoras del principio, motivadas porque no se podía entrar a determinado lugar por ser tierras sagradas, son cosas que perjudican la búsqueda de la verdad”, dijo ayer en diálogo con Radio Mitre.
Pinedo hizo público lo que otros miembros del gabinete vienen sosteniendo. Prepara, al mismo tiempo, el terreno para lo que –al menos hoy– sostienen con pesimismo en el Ejecutivo. Dos miembros del gabinete confirmaron a este medio que creen que el caso está en un punto muerto y que será muy difícil llegar a la verdad. Lo mismo sostuvo uno de los encargados de la investigación.
El juez federal de Esquel, Guido Otranto, está tranquilo con sus decisiones y la labor de su juzgado, afirmaron muy cerca del magistrado. No cree que las pruebas clave estén en territorio mapuche. La fiscal Silvina Avila se refugia en el hermetismo. Está a cargo de la investigación que apunta a los gendarmes.
