Sobrepasados por la inseguridad, el Gobierno no deja de aumentar sus gastos en la contratación de empresas de vigilancia privada para custodiar organismos y edificios públicos. Las miradas de guardias contratados por el Estado cuidan desde las instalaciones de la fábrica militar Fray Luis Beltrán hasta puntos claves de los aeropuertos internacionales.
Al margen de los discursos de campaña y los reiterados planes elaborados por la Casa Rosada para combatir el delito, lo cierto es que los empresarios de la seguridad están de para bienes. El negocio de la seguridad privada en el país, según diversas fuentes del mercado, es de unos 20 mil millones de pesos. Esta no deja de ser una cifra aleatoria ya que “no están incluidos los valores derivados de la seguridad electrónica que responden a parámetros de facturación diferentes a los de la seguridad física”, explicó un especialista.
En el país hay unas 1700 empresas de seguridad habilitadas. Al día de la fecha, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 459 firmas y en la provincia de Buenos Aires hay 406, sin sumar un grupo permanente de empresas que presentaron sus carpetas y están en estudio de habilitación. Las últimas estimaciones indican hay unos 147.500 vigiladores registrados oficialmente, número que obviamente se altera permanentemente por la altas y bajas derivadas de la rotación y el cambio de actividad.
En la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) nadie puede negar que en materia de seguridad física se registró un crecimiento sostenido del 5 al 7%, digamos que es superior al PBI. Y la vigilancia electrónica tiene un saldo favorable que llega al 22%. Los datos duros del mercado reflejan el aumento de la inseguridad y el déficit del Estado en su rol de garante del derecho a la seguridad.
“Aproximadamente el 45% de la facturación de nuestra empresa viene del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Siempre hay que renegociar los contratos, pagan tarde y en algunos casos son malos pagadores, pero sin la participación del Estado habría la mitad de firmas dedicadas a la seguridad”, se sinceró un empresario del rubro que pidió mantener su nombre en reserva.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, reclamó a los dirigentes de fútbol, en más de una oportunidad, que aumenten la dotación de guardias privados. Por otra parte, el gobierno de Mauricio Macri no bajó su gasto en el contrato vigilantes para espacios públicos como los hospitales porteños. El año pasado el gobernador Daniel Scioli dispuso la adhesión de mil vigiladores privados para sumar a los efectivos públicos al Operativo Sol. Según el presidente de CAESI, Aquiles Gorini, “en términos de tendencia alcista, debemos admitir que en determinadas circunstancias el Estado cede, sin delegar de ninguna manera, ciertos espacios semipúblicos o excepcionalmente públicos por cuestiones de interés”.
Por ejemplo, en estos tiempos cobra fuerza la idea de porqué el Estado a través de su fuerza pública debe custodiar espectáculos deportivos, eventos, recitales, etc. de carácter privado, que generan sólo renta particular para sus organizadores. Estos servicios deberían ser acordados entre privados, más allá de que las instituciones del Estado garanticen la seguridad general.
