Cristina Fernández de Kirchner estaba muy emocionada el 29 de abril de 2008, cuando anunció un proyecto que, esperaba, sería emblemático del kirchnerismo: el tren bala que uniría Buenos Aires, Rosario y Córdoba. En medio del conflicto con el campo, y con un sistema de transporte público que aún precisa reformas en todos los niveles, la medida no fue muy bien recibida entre el público.
Eso no detuvo a los impulsores de la idea, que endeudaría al Estado argentino por casi 4.000 millones de dólares a lo largo de 30 años. Tampoco era un impedimento que Alstom, la empresa francesa a cargo de construir el tren bala, fuese denunciada por corrupción.
Lo que dejó todo en suspenso fue la crisis financiera internacional, desatada a mediados de 2008, que clausuró las vías posibles de financiación. El grupo Natixis, financiador del proyecto, quedó con las cuentas en rojo por casi mil millones de euros. La idea quedó frenada de hecho poco después de nacer, aunque el gobierno formalmente seguía sosteniendo que se llevaría a cabo.
La francesa Alstom no perdía las esperanzas: todos los semestres depositaba la caución semestral de 3 millones de dólares al Estado argentino, de acuerdo con el contrato firmado en 2008. En diciembre pasado, por decisión del gobierno, ese depósito quedó suspendido hasta el primer semestre de 2011.
Ahora, la empresa habría decidido dejar de mantener activa la caución y reclamar los 16 millones de dólares que pagó hasta el momento, informó el diario Ámbito Financiero. La Casa Rosada deberá decidir en los próximos días si archiva definitivamente el proyecto y cómo hará frente al pago de esa deuda.