La orden judicial implicaba la posibilidad de que la ex mandataria sea traída por la fuerza pública ante el juez, si se negaba a comparecer. Finalmente, Bonadio le otorgó una prórroga menor a la solicitada por la ex presidenta, quien deberá presentarse el martes ante el juzgado. Su defensa había pedido que fuera el jueves. De esta manera, un trámite de escasas complicaciones para cualquier procesado en la Justicia se convirtió en un show mediático que volvió a exponer a ambas figuras, y que toca de costado a varios actores que no quieren forzar más de la cuenta y para quienes la detención de CFK sería un cascote en el zapato. Entre ellos, el Gobierno y miembros de la Justicia.
El martes, Cristina debe presentarse a cumplir con el trámite ante Bonadio. Su abogado, Carlos Beraldi, puede repetir la estrategia de ayer y volver a pedir una prórroga para que la ex mandataria viaje finalmente el jueves. Entonces sí, la decisión dependería de la Sala II de la Cámara Federal.
Ayer, cerca de las 9 de la mañana, Beraldi presentó un escrito ante la Cámara para quejarse por el pedido “arbitrario” de Bonadio de obligar a su cliente a viajar a Buenos Aires para realizar el trámite que podría hacer en Santa Cruz y sin aceptar una prórroga. “Parece mentira que un juez federal pueda perder el tiempo y hacérselo perder a los demás con comportamientos caprichosos”, escribió, y dejó asentado que si la mandara a buscar por la fuerza pública, se incurría en “una privación ilegal de la libertad”.
La Cámara Federal debió decidir antes de las 11 -era la hora límite para que CFK se presentara ante el juez- si obligaba o no a Bonadio a dar una prórroga. Sin embargo, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzún no llegaron a intervenir formalmente. Tras la presentación del abogado, pidieron un informe de la situación a Bonadio, pero la respuesta no llegó a la Cámara. El juez había decidido darle una prórroga de 24 horas hábiles para presentarse. Fernández de Kirchner había solicitado 72 horas hábiles.
Poco antes de las 11, la ex mandataria se presentó en el juzgado federal de Rio Gallegos para “ponerse a derecho” y cumplir con “el tramite administrativo”. Como si fuera la protagonista de un reality show, se hizo acompañar por una cámara durante todo el periplo. Presentó un escrito y pidió que le tomen las huellas dactilares. Dentro del tribunal, no pudo dejar de lado las mañas y se manejó como si fuera su oficina. Cuando el secretario letrado le pidió que pasara a su despacho, ella lo condujo a la mesa de entrada para que la situación pueda ser tomada por la cámara.
—Si me tuviera que tomar las huellas dactilares, ¿donde lo deberíamos hacer, acá o en la delegación de la Policía Federal? -preguntó al secretario penal del juzgado de Gallegos.
—Le pido que no me comprometa, -le contestó el funcionario.
—No, no, bueno, no filmes más -, reaccionó CFK. Al final del video -que incluyó una visita a la delegación de la Federal, donde también se negaron a tomarle las huellas porque no contaban con la orden del juez de la causa- la ex presidenta resaltó que la negativa del funcionario judicial a tomarle las huellas se debía al “miedo” a ser reprendido por una cuestión política.
El último enfrentamiento entre ambos fue cuando ella pidió que la causa sea elevada a juicio lo antes posible.
Boudou deberá declarar por los negocios en torno a la deuda pública de Formosa
Dos malas noticias judiciales para Amado Boudou en una sola jornada. El juez federal Ariel Lijo lo citó ayer a declaración indagatoria para el 19 de diciembre por la supuesta renegociación irregular de la deuda pública de la provincia de Formosa en 2009, cuando era ministro de Economía. Prácticamente en simultáneo, la Cámara Federal de Casación revocó el sobreseimiento del ex vicepresidente en la causa abierta por la inclusión en su DNI de un domicilio falso.
Por la investigación en torno a la deuda de Formosa, el juez también convocó al amigo y socio de Boudou, José María Núñez Carmona y al supuesto testaferro Alejandro Vandenbroele, para el 20 y 21 de diciembre respectivamente.
El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, y Vandenbroele, titular de “The Old Fund”, firmaron en marzo de 2009 un “Memorándum de Entendimiento” para que el empresario realizara un asesoramiento en la reestructuración de la deuda pública de la provincia.
Para el fiscal Carlos Rívolo fue un “procedimiento inédito y absolutamente irregular” porque “The Old Fund” no tenía empleados ni antecedentes en la reestructuración de entes públicos, ni certificado fiscal para contratar con el Estado.
“The Old Fund” facturó y cobró $ 7.667.161,30 por el trabajo.
