"El juez Claudio Bonadio se encuentra incurso en la causal de mal desempeño habida cuenta del ejercicio abusivo y arbitrario del poder jurisdiccional que le fue conferido, ello en el marco de una causa en la cual se persigue una exclusiva finalidad política", sostiene el primer punto presentado por la exPresidenta.
A su vez, el escrito destaca que la denuncia de los diputados Federico Pinedo y Mario Negri sobre el dólar futuro "fue presentada cuatro días después de que se llevara a cabo la primera vuelta de las elecciones presidenciales". "Inmediatamente se le dio a esta denuncia trámite urgente y una masiva difusión pública, pese a que el art. 204 del ordenamiento de rito indica que el sumario sólo será público para las partes", consideró.
"Dos días antes de que se llevara a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial, Bonadio dispuso el allanamiento del BCRA en pleno horario de operaciones, interrumpiendo por primera vez en la historia el funcionamiento del mercado único de cambios. Tal actividad carecía de toda razonabilidad, máxime si se advierte que la mayoría de los elementos documentales que se pretendían localizar ya habían sido presentados en la causa por la propia entidad rectora", sostiene la denuncia y considera que "parece haberse creado "una nueva figura procesal: el allanamiento preelectoral".
El texto presentado ante el Consejo de la Magistratura y que ya fue girado a la Comisión de Disciplina y Acusación, que preside Adriana Donato, expresa que "si Bonadio aceptó llevar adelante la instrucción de la causa, ejecutar un allanamiento en el BCRA -medida que requiere algún estado de certidumbre sobre el delito que se investiga-, resulta absolutamente contradictorio que luego autorice al BCRA a seguir adelante con una operatoria supuestamente delictiva, esto es pagar los contratos de dólar futuro convenidos. Además, tal elemental obligación no solamente estaba en cabeza del juez instructor sino que también reposaba como un deber elemental de las autoridades que actúan colaborando con la Justicia".
"Para que la operación político judicial cerrara y tuviera una mayor verosimilitud ante la opinión pública, debía quedar consolidado en cabeza de las primigenias autoridades del BCRA toda la responsabilidad de lo sucedido. En consecuencia, el juez dispuso, sin fundamento alguno, la convocatoria a prestar declaración indagatoria tanto del Presidente como de los integrantes del Directorio del BCRA al 10 de diciembre de 2015", asegura.
Por último, la denuncia asegura que "la audacia del magistrado le permitió pergeñar una maniobra procesal de un impacto público aún mayor. Primero, sin que existiera en la causa ninguna referencia o indicación directa o indirecta, se incluyó entre las personas citadas a prestar declaración indagatoria al ex Ministro de Economía Axel Kicillof y a la suscripta. Segundo, sobrepasando los límites fácticos del hecho denunciado y por el cual se requiriera la instrucción de la causa, el juez incluyó en la imputación el delito de asociación ilícita".
