Ayer, pasado el mediodía en Recoleta, a dos cuadras de Plaza Francia, se vio una seguidilla inusual de autos oficiales. Es que allí, en una vieja casona, se ubica la Procuración del Tesoro, donde trabajan los abogados del Estado y desde donde emanará la estrategia judicial ante el escándalo que cubre el caso Odebrecht.
A ese lugar llegaron los tres ministros que tienen en sus áreas contratos con la empresa brasileña: Rogelio Frigerio (Interior), Guillermo Dietrich (Transporte) y Juan José Aranguren (Energía). Cada uno tiene, bajo su tutela, obras en ejecución (en algún caso a punto de finalizarse). También se sumó el vicejefe de Gabinete, Gustavo Lopetegui, el ministro de Justicia, Germán Garavano, y funcionarios de la Oficina Anticorrupción.
El encuentro fue coordinador por el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, y la idea fue, según las fuentes consultadas por PERFIL, comenzar a “coordinar entre los distintos ministerios el análisis de la información de los contratos”. En concreto: Saravia Frías viene trabajando bajo la idea de que, tanto la Sindicatura General de la Nación (Sigen) como abogados y técnicos del Gobierno, detecten los sobreprecios de las obras de Odebrecht. Esta estrategia, anticipada por este diario, supuso descartar la primera propuesta de la empresa a cambio de pagar una multa y revelar quiénes recibieron las coimas para conseguir obra pública en la década kirchnerista.
Los funcionarios también debatieron sobre el estado del proyecto de ley de responsabilidad empresaria que está pendiente en el Congreso y que creen que podría ofrecer una salida a Odebrecht.
Hace diez días, las carpetas con la información de las obras de los tres ministerios comenzaron a llegar. En algunos casos estaban incompletas. Por ello, y dado que muchos contratos tienen claúsulas y anexos de distinta complejidad, la Casa Rosada determinó que los equipos técnicos de cada área trabajen en conjunto con la Procuración.
La orden emanó esta semana del presidente Mauricio Macri, quien les pidió a sus funcionarios que coordinaran, bajo la tutela de Saravia Frías, las investigaciones sobre los contratos de la empresa insignia del Lava Jato. Tal como anticipó PERFIL hace más de un mes, el Gobierno optó por deshacerse de Odebrecht como contratista ante el escándalo.
Quien tiene a su cargo la obra más grande, el polémico soterramiento del Ferrocarril Sarmiento por 3 mil millones de dólares (es un secreto a voces que tendría un sobreprecio superior al 30%) es Dietrich. Esa obra es en sociedad con Iecsa, entonces propiedad de Angelo Calcaterra, primo de Macri.
