La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que preside Eduardo Luis Duhalde, reclamó a la Justicia que reabra la causa penal por el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en la que están imputados Jorge Videla, Emilio Massera, el ex ministro de Economía José Martínez de Hoz y el ex secretario de Hacienda Juan Alemann. Además, pidió que declare la inconstitucionalidad de los indultos hacia los represores.
La información fue difundida mediante un comunicado oficial en el que se detalló que la presentación se hizo ante el juez federal Ariel Lijo a quien se le solicitó la reapertura del expediente judicial, actualmente archivado. El magistrado también recibió el pedido de nulidad de los indultos presidenciales que favorecieron a los principales imputados.
La causa número 4852 caratulada “Videla, Jorge Rafael; Massera, Emilio Eduardo, y Agosti, Orlando Ramón s/ infracción art. 226 del Código Penal” era instruida en el fuero federal hasta que en 1990 el entonces presidente Carlos Menem promulgó los indultos y entonces quedó archivada.
La cartera a cargo de Duhalde se presentó como querellante de la causa, que había sido archivada luego de que los jefes del golpe fueran favorecidos por el indulto. En su presentación, Duhalde señaló que “el grupo de sediciosos subvirtió el orden constitucional, imponiendo en el vértice de la pirámide jurídica y por encima de nuestra Ley Fundamental a su propio estatuto”.
Asimismo, indicó que “disolvió el Congreso Federal, intervino la central de trabajadores y los sindicatos, prohibió el accionar de los partidos políticos e implantó un férreo régimen de censura sobre los medios de comunicación social. Al mismo tiempo impuso una política masiva y sistemática de exterminio de personas de todas las edades y condición social que consideró desafectas al orden autoritario establecido”, indica el texto de la presentación.
La querella es dirigida contra Videla y Massera –el tercer miembro de la Junta de Comandantes, Orlando Agosti, no fue incluído por haber fallecido– y también contra quienes integraron el gabinete del gobierno dictatorial. Entre ellos, se incluye también a los civiles que ocuparon el ministerio de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz y el ministerio de Educación, Ricardo Bruera, junto con el resto de militares que ocuparon los ministerios y secretarías.
Según se explica en la presentación, “esto resulta demostrativo de la participación de sectores civiles asociados en la aventura golpista que dio comienzo a la ejecución de un plan que se valió de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos”.
Para Duhalde es “un deber del estado democrático buscar la sanción penal de quienes cometieron el asalto a las instituciones de la República con las consecuencias señaladas. La lucha contra la impunidad hace indispensable la reapertura de esta causa judicial y su prosecución hasta la condena”.
Fuente: DyN y Télam
