El presente de Enrique Pescarmona, titular de IMPSA, lo encuentra en una posición muy distinta frente al Gobierno al que felicitaba hace nueve años. En 2005, el titular de la centenaria empresa argentina, felicitaba al entonces presidente Néstor Kirchner por “tenerla clara” en materia económica y aseguraba que el alejamiento del su ministro de Economía, Roberto Lavagna, no cambiaría las cosas.
En octubre, la empresa se convirtió en uno de los cuatro preadjudicatarios en la licitación para construir la represa Chihuido I, en la provincia de Neuquén, una obra que presupuestó en 11.900 millones de pesos. Sin embargo, esta es la mayor esperanza de la firma, que se vio obligada a reestructurar su deuda de 1.200 millones de dólares y a reavivar su relación con el Gobierno nacional, tras haber sido excluida durante casi diez años de las principales licitaciones de obra pública del país.
El 18 septiembre IMPSA entró en default al no poder pagar el vencimiento de un bono por 42 millones de pesos y 23 millones de dólares. El motivo de la falta de dinero se debió a la demora en los pagos de trabajos realizados en Brasil y Venezuela, por 5.5 mil millones de dólares. En el caso de Brasil, la empresa es la responsable de la construcción del 30% de los parques eólicos. En Venezuela, IMPSA está a cargo de la construcción de dos obras hidroeléctricas. Para dimensionar el tamaño de las obras, basta decir que una de ellas –Tocoma– al finalizarse, tendrá la misma capacidad que Yacyretá.
Frente a esta crisis, el Gobierno reaccionó de un modo imprevisto para algunos: destinar fondos públicos.
Cuando IMPSA entró en default, la ministra de Industria, Debora Giorgi, se reunió con el empresario y afirmó que estaba “trabajando para ayudar a la empresa y mantener su fuente de trabajo y su capacidad productiva". La ayuda consistía en hacer un aporte de fondos públicos para capitalizar la empresa. Como contrapartida, IMPSA cedía acciones a favor del Gobierno. De este modo, no sólo rescatarían a la empresa, sino que conformarían un nuevo directorio empresarial. En este caso, en el de la principal fabricante de turbinas energéticas. Asimismo, el Gobierno otorgó a la empresa un subsidio de dos mil pesos por cabeza para 1.048 trabajadores, el cual rige desde noviembre y por cuatro meses, por lo cual el Estado Nacional desembolsará 2.2 millones de pesos por mes.
Pescarmona también se reunió con el ministro de Economía, Axel Kicillof, tras lo cual surgió una solución alternativa: sostener a IMPSA con fondos públicos y meter en la empresa dos socios privados, uno brasilero y la empresa japonesa Toshiba.
La semana pasada, Pescarmona se reunió de nuevo con Kicillof. Esta vez fue acompañado del gobernador de Mendoza, Francisco “Paco” Perez, quien le pidió al ministro que incorpore a IMPSA a las obras para la construcción de la represa “Los Blancos”, en la provincia cuyana, proyecto que promete el kirchnerismo desde la gestión de Néstor, y que nunca se llevó a cabo.
El gobernador mendocino decidió que el Estado provincial compre el 30% de la represa Potrerillos, propiedad de Pescarmona. Lejos de dar vueltas, Perez justificó la compra, cercana a los 30 millones de dólares. “Estamos buscando que la empresa tenga más trabajo porque con los subsidios no es suficiente”, consideró el mandatario provincial.
IMPSA colocó al menos dos condiciones. La primera de ellas es que el manejo de la compañía permanezca en la familia. La segunda, que el ministro de Planificación, Julio De Vido, no participe de las negociaciones. ¿El motivo? Lo consideran el principal responsable de la exclusión de la empresa de las más grandes obras desde 2003 en adelante.
Dar de nuevo. Al igual que con la primera licitación de Chihuido, en varias oportunidades, IMPSA ganó licitaciones que luego fueron destinadas a otras empresas. El caso icónico es el de las represas “Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”, hoy adjudicada a Electroingeniería, una de las cuatro oferentes en el proyecto de Chihuido.
