POLITICA

Declaran cuatro empleados que trabajaban en el depósito incendiado

La fiscal Marcela Sánchez cito a los empleados que estaban en la empresa Iron Mountain cuando se desató el incendio.

Las víctimas fueron alcanzadas por el derrumbe de una pared de 7 metros mientras intentaban controlar el fuego.
| Télam

La fiscal Marcela Sánchez, a cargo interinamente de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 37, tomará hoy declaración testimonial a cuatro trabajadores del depósito incendiado en Barracas, que causó nueve muertos, informó la Procuración General.

Se trata de cuatro empleados de la firma "Iron Mountain" que estaban en el depósito de la calle Azara 1245, en el barrio porteño de Barracas, cuando ayer poco después de las 8 se desató el incendio por motivos que la fiscalía tratará de investigar.

Una de las personas que declarará será un empleado de seguridad, quien fue alertado del fuego por el encendido de las luces del sistema contra incendios en el tablero de control y dio aviso al personal de Bomberos.

Las otras tres personas se desempeñan en el área de gestión y almacenamiento de documentación.

En los próximos días, agregaron las fuentes, se citará a declarar a los bomberos de la Policía Federal Martín Coppola y Nicolás Scorza, y al bombero voluntario Daniel Marcos Herrera, quienes fueron dados de alta en las últimas horas.

La Fiscalía intentará establecer si el incendio se debió a un desperfecto o, por el contrario, fue intencional, una hipótesis no descartable dado que "Iron Mountain" tiene antecedentes de varios incendios similares, entre 1997 y 2006, en depósitos suyos de Estados Unidos, Inglaterra, y Canadá.

A los investigadores les resulta llamativo la magnitud del siniestro porque la propia compañía aseguró que el depósito siniestrado en Barracas "estaba acorde con las normativas locales" y contaba con un sistema "tanto de detección como de extinción de incendios".

La fiscal Sánchez, a través de la pagina fiscales.gob.ar, de la Procuración General de la Nación, informó ayer que "el depósito, donde se almacenaba documentación de empresas bancarias, telefónicas y petroleras, contaba con habilitación del Gobierno de la Ciudad desde el 8 de noviembre de 2007".

La causa quedó en manos de la fiscal subrogante Sánchez y del juzgado número 18, a cargo del magistrado Pablo Ormaechea, pero que está de licencia y es subrogado por Laura Bruniard.