La Inspección General de Justicia (IGJ) retrasa la implementación del listado de sociedades en falta que creó por el escándalo de Hotesur y se reserva el derecho de ocultar o mostrar empresas en el nuevo “Registro de Entidades Inactivas”. La nueva nómina pública de infractores estaba prevista para el 30 de abril, en base a una legislación que fue iniciada con un expediente fechado el mismo día en que el juez Claudio Bonadio allanó la sede ficticia de la empresa presidencial, el 21 de noviembre pasado. Sin embargo, la IGJ informó que aún se deben tramitar miles de expedientes. Después de ofrecer un plazo de “blanqueo” de cinco meses que fue aprovechado entre otras miles por la empresa de la familia Kirchner, la IGJ debía publicar el nombre de las entidades en falta. Entre diciembre y enero, los Kirchner “blanquearon” su empresa: eliminaron los vínculos con Báez y presentaron un directorio familiar en el que incluyeron a Máximo y Florencia Kirchner y la hija de Alicia Kirchner Romina Mercado, entre otros. Además, según pudo saber este medio en base a fuentes judiciales y del Ministerio de Justicia, los Kirchner también mostraron balances en los que aparece una empresa que sólo se dedica al cobro de alquileres. Especialistas en sociedades indicaron que es un modo de separar a la familia presidencial de las operaciones financieras con empresas de Báez. El objetivo que se perseguía con la creación del Registro de Entidades Inactivas era doble: permitir a la empresa de la familia Kirchner regularizar su situación y subsanar las faltas de control que evidenció el secretario de Justicia Julián Alvarez al mostrar, con el fin de excusar a Hotesur, que existían cerca de cuarenta mil sociedades irregulares. La IGJ llevó a decenas de empleados desde otras reparticiones para procesar los miles de expedientes pendientes. Pero no alcanzó para completar el proceso burocrático ante la catarata de presentaciones realizadas por empresas que quisieron aprovechar el “traje a medida” que se había ofrecido a la familia presidencial. El pasado 24 de abril se implementó una resolución (número 6/2015) que, según la interpretación de cuatro especialistas consultados, “permitirá elegir a dedo las empresas que estarán en el registro y las que no”. Fuentes de la repartición explicaron que ya hay algunas entidades comerciales y sin fines de lucro opuestas al Gobierno que buscan activamente incluir en el registro, como la ONG La Alameda.
