Dos funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, quedaron en la mira por cobros paralelos y presunciones de incompatibilidad. El caso surge por pedidos de información de la diputada Margarita Stolbizer y sacó a la luz las internas del organismo donde aparece con frecuencia con la sombra del presidente de Boca, Daniel Angelici.
La diputada apuntó, en una nota enviada al ministro Germán Garavano, al coordinador ejecutivo, Osvaldo Norte Sabino, y el director del Registro Nacional de Sociedades, Juan Carlos Cahian.
A Norte Sabino se le cuestionó su relación con el estudio Marvel, O’Farrell & Mairal (MO&M), que realiza numerosas gestiones ante el organismo. También apuntó Stolbizer al cobro, en paralelo a su salario, de una jubilación. A ello sumó datos de registros públicos: en enero de 2016 el funcionario se inscribió como “monotributista” y su designación llegó recién en julio, a pesar de que se desempeña desde el inicio del año, según trascendió. También indicó que en su declaración jurada figura con una deuda de ese estudio por $ 5.202.756.
Los dos funcionarios respondieron por escrito a los cuestionamientos. Norte Sabino, quien tiene un sueldo superior a los 80 mil pesos, explicó que dejó de ser socio del estudio MO&M en agosto de 2015 tras 18 años en el cargo. Reconoció que le deben parte de las utilidades del 2014 y la totalidad de 2015, entre otros rubros. También indicó que renunció a su jubilación al acceder al cargo público, pero reconoció cobros antes de su designación formal.
Ante las dudas por posible incompatibilidad, respondió que no se puede identificar en el sistema informático los trámites de un estudio o profesional particular “toda vez que las entidades ingresadas se identifican por un número denominado correlativo”. Nada impide, sin embargo, que el profesional o estudio le indique ese número o que él mismo, con 18 años de trabajo, sepa cuáles son los clientes del estudio que le adeudan cinco millones, explicaron a PERFIL fuentes internas de la repartición.
Cahian, en tanto, reconoció que se superpuso “la percepción de haberes” entre marzo y abril. Pero aclaró que, una vez se le acreditó el pago en la IGJ, inició la devolución de su sueldo en la Policía Metropolitana donde trabajaba. Su sueldo actual es de más de 58 mil pesos. Fuentes del organismo indicaron que tiene niveles récord de ausentismo y que el inspector le aplicó grandes descuentos, además de pedir su baja. Sin embargo, se le acreditaron haberes con firmas del ministerio, cuando lo usual es que lo autorice el inspector.
La nota de la diputada del GEN motivó una notificación a la Oficina Anticorrupción por parte del ministro Garavano. También se pidió un informe a la secretaría legal, pero no resultó en una recomendación de iniciar un sumario u otro procedimiento.
