
El jefe de gobierno porteño,
Jorge Telerman, podría llegar a ser destituido de su cargo si la
justicia lo encuentra culpable del delito de "usurpación de autoridad, títulos u honores"
previsto por el código penal, según anticipó la legisladora
Sandra Bergenfeld, del Frente Para la Victoria y seguidora
de
Alberto Fernández.
Voceros de prensa de la Ciudad negaron que Telerman firme de esa manera, al tiempo
que
atribuyeron la denuncia a "una movida política del
albertismo".
En muchos
documentos oficiales aparece la firma de Telerman precedida de la
abreviatura "Lic.", o sea "licenciado", como en el proyecto de ley cuya imagen ilustra esta
nota. El jefe de Gobierno
tuvo formación universitaria en comunicación social, pero nunca
llegó a recibirse.
En conversación
perfil.com, la diputada porteña -macrista devenida en
albertista- explicó que "lo que grave es que
el viernes 12 de enero le dijo a un diario que el no es
licenciado, sin embargo siguió firmando de esa manera y permitiendo que lo llamen así".
"Su firma aparece en todas las
publicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad, acuerdos
interjuridiccionales, los proyectos de ley, son documentos públicos que constan en las versiones
taquigráficas", indicó.
"Tengo
una caja de pruebas", aclaró.
Las versión oficial. Un vocero del gobierno de la Ciudad
indicó a
perfil.com que se trata de "una chicana de Bergenfeld que
responde a intereses políticos del albertismo", al tiempo que aclararon que
Telerman "no firma como licenciado".
"A lo sumo,
se lo llama así de manera coloquial, pero el ha sido embajador y
profesor universitario y podría firmar de esa manera, pero no lo hace", señaló el vocero.
Y agregó: "es una picardía de Bergenfeld,
en vez de discutir temas serios, estamos hablando de esto".
Pedirían la remoción. Para Bergenfeld, Telerman podría
perder su cargo. "Es un delito penal, no es grave, pero
la Constitución de la Ciudad prevé que si un funcionario es
declarado culpable de un delito, no importa la magnitud, se debe pedir su remoción",
advirtió.
El artículo 92 dice que "la Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las
causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de
delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen".
Primero, la diputada apelará a sus colegas: "Ya
presenté un pedido de informes, y ahora voy a proponer que se arme
una comisión investigadora, pero no se si conseguiré los votos suficientes".
En el artículo 247 del Código Penal se indica que "será reprimido con multa de $750 a
$12.500, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se
abrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren".
"Esto
no es una chicana política, como ciudadana tengo el derecho
a que haya transparencia, y si se comete un delito, por más leve que sea, lo tengo que denunciar",
explicó.
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