El jefe de gobierno porteño, Jorge Telerman, podría llegar a ser destituido de su cargo si la justicia lo encuentra culpable del delito de "usurpación de autoridad, títulos u honores" previsto por el código penal, según anticipó la legisladora Sandra Bergenfeld, del Frente Para la Victoria y seguidora de Alberto Fernández.
Voceros de prensa de la Ciudad negaron que Telerman firme de esa manera, al tiempo que atribuyeron la denuncia a "una movida política del albertismo".
En muchos documentos oficiales aparece la firma de Telerman precedida de la abreviatura "Lic.", o sea "licenciado", como en el proyecto de ley cuya imagen ilustra esta nota. El jefe de Gobierno tuvo formación universitaria en comunicación social, pero nunca llegó a recibirse.
En conversación perfil.com, la diputada porteña -macrista devenida en albertista- explicó que "lo que grave es que el viernes 12 de enero le dijo a un diario que el no es licenciado, sin embargo siguió firmando de esa manera y permitiendo que lo llamen así".
"Su firma aparece en todas las publicaciones oficiales del Gobierno de la Ciudad, acuerdos interjuridiccionales, los proyectos de ley, son documentos públicos que constan en las versiones taquigráficas", indicó.
"Tengo una caja de pruebas", aclaró.
Las versión oficial. Un vocero del gobierno de la Ciudad indicó a perfil.com que se trata de "una chicana de Bergenfeld que responde a intereses políticos del albertismo", al tiempo que aclararon que Telerman "no firma como licenciado".
"A lo sumo, se lo llama así de manera coloquial, pero el ha sido embajador y profesor universitario y podría firmar de esa manera, pero no lo hace", señaló el vocero.
Y agregó: "es una picardía de Bergenfeld, en vez de discutir temas serios, estamos hablando de esto".
Pedirían la remoción. Para Bergenfeld, Telerman podría perder su cargo. "Es un delito penal, no es grave, pero la Constitución de la Ciudad prevé que si un funcionario es declarado culpable de un delito, no importa la magnitud, se debe pedir su remoción", advirtió.
El artículo 92 dice que "la Legislatura puede destituir por juicio político fundado en las causales de mal desempeño o comisión de delito en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos comunes, al Gobernador, al Vicegobernador o a quienes los reemplacen".
Primero, la diputada apelará a sus colegas: "Ya presenté un pedido de informes, y ahora voy a proponer que se arme una comisión investigadora, pero no se si conseguiré los votos suficientes".
En el artículo 247 del Código Penal se indica que "será reprimido con multa de $750 a $12.500, el que públicamente llevare insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere o se abrogare grados académicos, títulos profesionales u honores que no le correspondieren".
"Esto no es una chicana política, como ciudadana tengo el derecho a que haya transparencia, y si se comete un delito, por más leve que sea, lo tengo que denunciar", explicó.