Denuncian plan para dejar impune la masacre de 2001

La causa por los cinco asesinatos cometidos en pleno centro porteño el 20 de diciembre de 2001, cuando el radical Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia, podría ser declarada nula si prospera la estrategia de defensa del ex secretario de Seguridad Enrique Mathov y del ex titular de la Policía Federal Rubén Santos, aseguraron hoy familiares de las víctimas.

"Aquel 20 de diciembre la gente gritaba 'que se vayan todos', pero siguen estando todos menos mi hijo y otras víctimas", enunció Martha Almirón, madre de un joven de 23 años que murió en la represión ilegal desplegada el día de la renuncia del radical.

Mathov, Santos y los entonces comisarios de la Policía Federal Norberto Gaudiero y Raúl Andreozzi fueron procesados por los crímenes de diciembre de 2001 y aunque la investigación fue clausurada para su elevación a juicio hace 7 meses, ahora el expediente se encuentra en riesgo de nulidad, dijeron los familiares .

En una conferencia de prensa, los abogados Rodrigo Borda, Rodolfo Yanzón y Daniel Stragá, que patrocinan a los familiares a través de distintas organizaciones de Derechos Humanos, explicaron hoy que el juez federal Claudio Bonadío hizo lugar a la producción de pruebas propuestas por la defensa de los acusados para impugnar la causa desde su inicio, en 2001.

"Bonadío está produciendo nueva prueba aunque la etapa de instrucción ya está cerrada. Lo hace a pedido de la defensa de los imputados, que quieren responsabilizar a la juez (María) Servini de Cubría por la represión y demostrar que no habría sido imparcial", señaló Borda.

Los abogados coincidieron en señalar que la búsqueda de evidencia para cuestionar la labor de Servini está destinada a plantear que la investigación es nula desde la primera foja, ya que la magistrada intervino en el caso desde el día de la masacre y se desprendió del sumario en octubre de 2006, alegando "violencia moral".

Tras el apartamiento de Servini, el expediente quedó en manos de Bonadío, que según los familiares y sus representantes legales dio luz verde a los requerimientos de la defensa pese a que la etapa de instrucción ya había sido clausurada por su colega.

La propia Corte Suprema de Justicia respaldó la labor de Servini y de los fiscales Luis Comparatore y Patricio Evers, y dejó el caso en condiciones de ser ventilado en un juicio oral y público.

Y hace más de cinco años la Cámara Federal porteña ordenó la declaración indagatoria de De la Rúa, a quien responsabilizó por cinco homicidios culposos y lesiones a 227 víctimas. El ex presidente, luego, fue beneficiado con una falta de mérito y el abogado Yanzón reclamó hoy una definición de fondo sobre su situación: "que los sobresean o dicten su procesamiento" y sea enjuiciado, señaló.

Para la Cámara, la represión ilegal constituyó una "masacre" que sólo por "milagro" causó cinco muertes, ya que el número de víctimas pudo ser mayor porque, según consta en el sumario, la policía disparó en plena calle contra manifestantes desarmados.

Como consecuencia del accionar policial murieron los manifestantes Diego Lamagna (27 años), Gastón Riva (31), Carlos Almirón (23), Gustavo Benedetto (23) y Alberto Márquez (57).

"Está todo listo como para que se pueda castigar a los culpables pero el sistema vuelve las cosas para atrás. No vamos a bajar los brazos para que la justicia siga siendo injusta. De la Rúa está libre y nuestros familiares ya no están", dijo María Arena, viuda de Riva, en la rueda de prensa ofrecida en el CELS.

De la Rúa renunció en medio de saqueos, protestas y acciones policiales contra manifestantes que provocaron 33 muertes en todo el país. Tras convocar al PJ, en vano, a un "Gobierno de Unidad", el radical dejó la Casa Rosada en el helicóptero cuando ya cinco manifestantes habían sido asesinados en los alrededores de la Plaza de Mayo.

Fuente: DyN