La Sala I de la Cámara Federal porteña dictó el viernes 3 de julio la falta de mérito del ex funcionario Luis María Blaquier, ex titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSe durante el gobierno de Mauricio Macri.
El ex funcionario estaba procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por orden del juez Sebastián Casanello. Se trata de la causa por supuestas irregularidades cometidas en 2016, cuando el organismo oficial suscribió obligaciones negociables de las empresas Arcor SA y Cablevisión SA. Blaquier había ocupado cargos en ambas empresas privadas antes de llegar a la función pública, en diciembre de 2015.
El ex funcionario quedó en la mira por su supuesta participación en la toma de decisiones que permitieron que las compañías recibieran inversiones de fondos públicos. Estaba procesado por no haber informado al Estado de su vínculo anterior con las compañías beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haberse abstenido de participar de esas decisiones, según el expediente.
Las operaciones investigadas correspondían a US$10.000.000 de obligaciones negociables clase A de Cablevisión y otros US$ 12.000.000 de Arcor, clase 9. Se suscribieron con fondos manejados por la ANSeS.
La fiscalía también destacó que hasta 2015, un hermano de Blaquier ocupó un cargo directivo en Cablevisión SA y que eso no fue informado por el entonces funcionario antes de intervenir en la operación financiera. También se le señaló no haber informado que mantenía deudas con empresas de esos grupos económicos por adelanto de honorarios. Lo había informado en sus declaraciones juradas pero en el contexto de su intervención en el caso.
La causa es uno de los casos de presuntos conflictos de intereses de ex miembros del gobierno macrista que aún están bajo investigación en los tribunales federales.
La defensa había solicitado ante la Cámara Federal el sobreseimiento de Blaquier. Sostuvo ante el tribunal que no existieron intereses particulares ni se buscó beneficiar a las compañías porque, afirmó, las intervenciones de Blaquier en las suscripciones de obligaciones negociables de ambas empresas fueron “inocuas”.
El argumento se basa en que en algunos casos las decisiones cuestionadas se tomaron por parte de todo el directorio del organismo y en otros, que no existían reglas que impidieran su intervención.
La fiscalía de Franco Picardi había determinado que Blaquier habría tenido un interés particular por beneficiar a estas empresas y no a otras que según la investigación ofrecían mejor tasa de interés para el FGS.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron la falta de mérito y solicitaron al juzgado más pruebas para determinar la responsabilidad supuesta de Blaquier, quien siempre negó haber cometido irregularidades. El camarista Mariano Llorens entendió que no había pruebas de delito y pidió su sobreseimiento.
La falta de mérito obliga a los investigadores la buscar más pruebas. Para el juzgado y la fiscalía, sin embargo, existen evidencias suficientes para mantener el procesamiento.
El caso regresará a la fiscalía, que tiene delegada la investigación, para analizar los pasos a seguir.
