La Cámara Baja aprobó esta noche el paquete de seis leyes orientadas a completar la implementación del nuevo Código Procesal Penal (CPP), impulsada por el gobierno nacional.
Tras ocho horas de debate, todos los proyectos en discusión fueron sancionados: el de la ley de Subrogaciones para los tribunales inferiores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 130 votos favorables y 88 en contra. El de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal (130, 88 negativos). La reforma al Código Penal de la Nación, con 187 positivos, 29 negativos y 2 abstenciones del Frente de Izquierda. La ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (130 afirmativos, contra 88). La ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (163 a favor, 55 negativos). Y por último la Implementación del Código Procesal Penal (133 a favor, 81 en contra y 3 abstenciones del FIT), informó la agencia DyN.
La oposición, con dispares posturas, coincidió en hacer cuestionamientos a la ley Orgánica del Ministerio Público, en especial, por lo que considera el poder y la aparente discrecionalidad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, según consigna la agencia Dyn.
En relación a la ley del Ministerio Público Fiscal, el radical Manuel Garrido reconoció que en esta iniciativa se encuentra "la mayoría" de sus objeciones y dijo que esa norma genera "un organismo sin frenos y sin contrapesos básicos en una democracia" y establece "una monarquía dentro de nuestro sistema democrático".
Otro crítico fue el macrista Pablo Tonelli, quien le apuntó, entre otras cosas, al proyecto de Subrogaciones que se debe "evitar que el Consejo de la Magistratura, que es el responsable de las vacantes, cubra la enorme cantidad de vacantes mediante una selección inconstitucional, arbitraria y seguramente destinada a favorecer a los propios partidarios del partido de gobierno".
La respuesta del oficialismo fue de parte de la diputada Diana Conti, quien sostuvo que "es ridícula, mezquina e intolerable la campaña de la oposición y del monopolio mediático de que queremos hacer esta reforma para buscar impunidad. No necesitamos impunidad, es el pueblo que necesita justicia, fiscales que caminen de la mano de la víctima y que el derecho penal se aplique".
La mayoría de los proyectos tuvo modificaciones, a pedido de la oposición y de actores judiciales, en la comisión bicameral de Seguimiento de la Implementación del CPP, que preside el senador oficialista salteño Rodolfo Urtubey, antes de sortear el Senado.
Entre otras, el órgano ejecutor de la implementación será la bicameral parlamentaria en lugar de la comisión extra parlamentaria de la versión original; también se cambió la fecha de inicio de implementación del CPP (se pasó del 1 de septiembre de este año al 1 de marzo de 2016); se tomó a la Capital Federal como un distrito único para la aplicación del CPP, en vez de dividirlo en cuatro jurisdicciones tal el texto enviado al Parlamento.
Además, entre los puntos destacados por el oficialismo se encuentra el hecho de que haya dos leyes distintas para el Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa con el objetivo de establecer con claridad las funciones de ambos organismos; donde la primera de ellas establece una organización de fiscales por distrito, crea la figura del "fiscal revisor", designado por sorteo, que discute los criterios jurídicos con el fiscal de instrucción, entre otros puntos.
