Luego de que el Gobierno argentino lamentara ayer la decisión de Uruguay de avalar la continuidad de la empresa Boskalis/Riovía en los trabajos de dragado en el Canal Martín García, el conflicto se asentúa con un nuevo y fuerte comunicado de la Cancillería a cargo de Héctor Timerman.
A menos de 24 horas de abrirse las ofertas para el mantenimiento del canal Martín García, Argentina no logró la colaboración de Uruguay "en elucidar responsabilidades por los supuestos actos impropios denunciados por su Tribunal de Cuentas basado en documentación secreta a la que no se pudo acceder".
El comunicado en cuestión, primero distribuido a través de las redes sociales y luego por los canales oficiales comunicación señala: "Faltan menos de 24 horas para la apertura de la licitación. Si se presenta la empresa Riovía la Argentina mantendrá su objeción. Solicitamos al Uruguay que adopte la misma posición".
Y sigue: "Argentina desea recordar que, en diciembre de 2010, fue el propio Uruguay quien solicitó analizar la contratación directa de la empresa Riovía para el dragado y profundización del Canal Martín García. Postura que reiteró en la reunión de marzo de 2011 cuya delegación presidía el canciller Luis Almagro y en la cual Héctor Timerman advirtió que por precisas instrucciones de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner se debía llamar a licitación internacional".
"En febrero de 2012 la delegación argentina propone concentrarnos en el llamado a licitación para ir directamente a la profundización. Sorpresivamente, el día 16 de marzo la delegación uruguaya suspende las reuniones de marzo y abril y recién se presenta el 3 de mayo donde se le hace entrega de una versión muy avanzada de los pliegos del llamando a licitación que podrían anunciarse el día 30 de mayo", reseña el texto.
El descargo argentino explica: "Inmediatamente, comienza una campaña mediática en el Uruguay que se centra en el Embajador Bustillo y el supuesto intento de sobornarlo. Los días pasan, el escándalo crece y el silencio de Bustillo es más que llamativo. Para colmo, unos días después otro embajador uruguayo, Julio Baraibar declara por radio 'Bustillo me contó con detalle que lo habían querido sobornar, que se había negado a aceptar la oferta y que había informado a sus superiores'".
"Si bien días después desmiente la veracidad de sus propias afirmaciones los medios siguen dándole crédito y hasta hablan de su 'sacrificio' de desmentirse frente a la necesidad de seguir adelante con las obras del Canal Martín García. Estas versiones son recogidas por el informe del Tribunal de Cuentas del Uruguay volviendo a instalarlas en los medios de prensa pero negándose el gobierno uruguayo a cooperar con la Argentina en las 'dudas' que plantea el Tribunal y que sugiere se eleven a la Justicia".
"Otro dato interesante", sigue el comunicado, "es la opinión del embajador Bustillo sobre la empresa que supuestamente intentó sobornarlo a la que oficialmente describe como que 'hay satisfacción absoluta con la empresa desde el punto de vista técnico en cuanto al servicio de mantenimiento'. Mientras que el otro representante uruguayo declara 'no existieron objeciones al desempeño técnico de la empresa'."
El texto concluye: "Si el gobierno uruguayo desea, realmente, investigar los actos que involucran al Embajador Bustillo y la empresa Riovía podría empezar a preguntarse porqué a pocos días de finalizar los pliegos para el llamado a la primera licitación internacional para la profundización del canal aparecen centenares de artículos sobre un supuesto intento de coima que de haber ocurrido lo fue dos años antes y al cual ni el embajador Bustillo ni el canciller Almagro jamás se refirieron ni enviaron a la justicia ni consideraron importante comunicarlo a las autoridades argentinas".